Los huelguistas de segundo de bachillerato de l'Alcúdia evalúan esposados en protesta por los servicios mínimos

El 60 % del equipo docente de segundo de bachillerato del IES Els Èvols de l’Alcúdia está en huelga, pero no puede hacerla. Los profesores de segundo de bachillerato se encuentran en una situación de gran tensión y complejidad. Los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Educación —y avalados por el Tribunal Superior de Justicia— les obligan a cumplir con el cien por cien de las tareas de evaluación, calificación y tramitación de documentos necesarios para la selectividad (PAU). En la práctica, esto anula por completo su derecho constitucional a la protesta y les genera ansiedad, inseguridad jurídica y un sentimiento de "chantaje emocional", según han denunciado algunos. Ante esta situación, los docentes en huelga de este curso del IES Els Èvols han decidido hacer visible su protesta contra la imposición de los servicios acudiendo a la sesión de evaluación de segundo de bachillerato esposados entre sí, con una máscara en la cara y los chalecos reivindicativos de "docent treballant en precari".

Los servicios mínimos del 100 % han provocado además una fractura dentro de los propios institutos, enfrentando en muchos casos a los docentes de segundo de bachillerato con el resto del claustro que sí puede secundar los paros. Es la situación que se vive en el IES Els Èvols de l’Alcúdia: “La mayoría de compañeros están apoyando todo el que pueden pero sí hay un 20 % que está en contra de lo que estamos haciendo y otro 20% que está de acuerdo pero no está dispuesto a aportar nada, solo a recibir los beneficios, y esto, claro está, causa tensión”, dice uno de los docentes en huelga, Andrés Bertí. Una tensión “que en realidad siempre hay en una sociedad de clase, pero que en momentos como estos se hace evidente”, añade. Bertí reconoce que “está habiendo un gran avance en cuanto a concienciación de trabajadores de la pública, una politización y una organización de base (asamblearia) que, más allá de lo que se pueda conseguir en cuanto a mejoras, no volverá a ser cómo antes”.

A pesar de considerar que estos servicios mínimos son abusivos, la inmensa mayoría de los profesores afectados los ha cumplido estrictamente, en gran parte por responsabilidad y para no perjudicar el futuro del alumnado de la escuela pública que se preparan para el acceso a la universidad.

Lamentan que la Generalitat y la Conselleria de Educación hayan centrado su presión en este colectivo, utilizando la defensa del alumnado como principal argumento frente a una huelga que afecta a 78.000 trabajadores y que reclama mejoras salariales y reducción de ratios. Sin embargo, el profesorado y también las familias a través de las AFA, han recordado que "la administración no ha mostrado esa misma preocupación durante el curso", en el que se han registrado graves problemas por bajas médicas que tardaban semanas en cubrirse, poniendo en riesgo el temario de los estudiantes. Ante la falta de acuerdos con el Gobierno valenciano, cientos de docentes se están organizando a través de las redes sociales para coordinar acciones de protesta y debaten la posibilidad de retrasar o boicotear el inicio de los exámenes de la PAU, previstos para los primeros días de junio.

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