El nuevo Palacio de Justicia de Alzira abrirá en un mes tras casi treinta años de espera

Falta apenas un mes para la apertura del esperado Palacio de Justicia de Alzira. Tras casi tres décadas de espera, la inauguración de la nueva sede judicial marcará un hito en la modernización de las infraestructuras de la capital de la Ribera Alta y pondrá fin a una situación de precariedad de años. Permitirá también centralizar en un único y moderno edificio todos los órganos judiciales del partido, dispersos en cuatro sedes en la localidad. El traslado del personal y los expedientes se llevará a cabo de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas, con el objetivo de evitar interrupciones en la actividad judicial diaria y garantizar que tanto los profesionales como los ciudadanos se adapten a las nuevas instalaciones. En estos momentos, se está equipando el imponente edificio ubicado en la avenida Luis Suñer, informan desde la Conselleria de Justicia. Las últimas semanas se han dedicado a la “fase de pruebas de instalaciones”. “Cuando se constate que todo funciona correctamente, se entregará la obra”, indican. La infraestructura “podrá entrar en servicio a finales de junio”, concretan.

El nuevo Palacio de Justicia de Alzira culmina una reivindicación histórica de la comunidad jurídica local —jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios— ante la precariedad del servicio, los retrasos crónicos y la dispersión de sus sedes. Actualmente, los juzgados tienen cuatro ubicaciones: las salas de instrucción en la Plaza del Sufragio y la Ronda de Algemesí, el juzgado de violencia sobre la mujer en la avenida Santos Patronos, y la fiscalía en la Plaça de la Sang. Esta separación física dificulta la gestión y obliga a los usuarios a realizar incómodos desplazamientos, lo que merma la agilidad de la administración y encarece el servicio. Además, las instalaciones sufren una falta de espacio crónica con el hacinamiento de archivos y la saturación de los despachos. A estos problemas se suman barreras de accesibilidad, fallos constantes en la climatización y deficiencias en las medidas de seguridad, así como las salas de espera insuficientes que no garantizan la privacidad de las víctimas de violencia de género o delitos graves.

Resolver problemas estructurales y modernizar el sistema de trabajo

El nuevo edificio resuelve estos problemas estructurales y moderniza el sistema de trabajo. La infraestructura dispondrá de servicios comunes de apoyo y soporte a la función jurisdiccional, formados por un servicio común de tramitación y un servicio común general, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en línea con el nuevo modelo de oficina judicial de los Tribunales de Instancia, cuyo fin es optimizar la gestión de los recursos públicos, unificar los criterios administrativos y liberar a los jueces de las tareas puramente burocráticas. Ubicado en el número 35 de la avenida Luis Suñer en una parcela de 4.800 metros cuadrados cedida por el ayuntamiento, el inmueble cuenta con cinco plantas, un ático y más de 11.000 metros cuadrados de superficie útil. El nuevo Palacio de Justicia está diseñado para ser plenamente accesible, sostenible y confortable, con un aforo máximo de 900 personas (200 profesionales y 700 usuarios), un aparcamiento de 65 plazas, 71 despachos y un total de 43 salas destinadas a diversos usos, albergando inicialmente los siete juzgados actuales con previsión de expandirse hasta trece en el futuro.

La distribución interior está planificada para ofrecer una atención ciudadana ágil y proteger la identidad de las víctimas mediante tecnologías de última generación para vistas virtuales y sistemas avanzados de grabación. En la planta baja se sitúa el vestíbulo general, la sala de bodas, seis salas de vistas con accesos diferenciados y zonas de espera para testigos, además del juzgado de guardia, que cuenta con una entrada independiente operativa las 24 horas. La primera planta acoge el Registro Civil, dependencias para la Abogacía y procuradores, el Servicio de Orientación Jurídica, la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Valoración Integral Forense, el Gabinete Psicosocial y la Cámara Gesell, junto a otros servicios comunes. Finalmente, las plantas superiores se reservan para albergar las instalaciones de la Fiscalía y el espacio restante para los juzgados. Este traslado, esperado con gran optimismo por los profesionales del sector, marca el inicio de una etapa de modernidad que salda una deuda histórica con la ciudadanía de la Ribera Alta.

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