Un estudio eleva a 2.745 los chalés que se pueden legalizar en Alzira con planes para corregir su impacto

Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Alzira para identificar, analizar y delimitar las áreas susceptibles de aplicar medidas de miniminización de impacto territorial, una herramienta prevista en la Ley de Ordenación del Territorio (Lotup) al objeto de dotar de unos servicios urbanísticos mínimos a viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, ha identificado un total de 2.745 diseminados en el término municipal que podrían acogerse a esta fórmula para regularizar su situación, de los que 481 podrían hacerlo a través de procedimientos colectivos de minimización, mientras que el resto son susceptibles de hacerlo a través de procedimientos individuales.

La corporación municipal aprobó el miércoles con los votos del equipo de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN) y la abstención del resto de grupos este documento que, según explicó el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, antes de su despedida, es útil porque “ofrece información concreta para actuar sobre la realidad del término municipal de Alzira; da seguridad jurídica al contar con un documento técnico que fija unos criterios claros y coherentes para interpretar y aplicar la normativa” pero, sobre todo, incidió, “es útil para la ciudadanía porque hay propietarios que durante años han tenido dudas o desconocen la situación de sus viviendas y, de esta forma, facilitamos información y ofrecemos herramientas para que cada uno sepa en qué situación se encuentra y qué opciones tiene”.

"Un mal menor"

Gomis advirtió de que los procedimientos de minimización sólo se pueden aplicar a viviendas construidas antes de agosto de 2014 y no dudó en señalar que esta herramienta representa “un mal menor ante una realidad existente” para reducir el impacto de estas viviendas sobre el territorio, que permitirá avanzar en un asunto complejo al que, dijo, “poco a poco hay que ir dando solución”.

El edil expuso en el pleno que, en base a la guía de la Comunitat Valenciana, “Alzira está entre los municipios valencianos con más casas en suelo no urbanizable, lo que representa un problema importante y difícil de gestionar”. La cifra de 2.745 viviendas susceptibles de regularizar a través de planes de minimización de impacto, que dote a estos diseminados de unos servicios básicos, eleva sustancialmente la estimación inicial del ayuntamiento, que en un acto para difundir esta herramienta celebrado el verano pasado en la Barraca d’Aigües Vives calculó en 1.700 los chalés que podrían acogerse a estos programas. El estudio técnico-diagnóstico vincula por zonas las 481 viviendas que se podrán acoger a procedimientos colectivos hasta contempla un total de 22 agrupaciones, ya que la normativa ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de vincular diseminados por zonas.

El ayuntamiento únicamente ha cursado hasta la fecha un proyecto de minimización de impacto colectivo, en concreto, el presentado por los propietarios de parcelas en la urbanización o colonia Les Oronelles, un sector con una veintena de viviendas en la Vall d’Aigües Vives, mientras que también ha aprobado inicialmente otros procedimientos individuales, sin ir más lejos, alguno de ellos en el mismo pleno del miércoles.

La construcción generalizada de viviendas fuera de planeamiento y sin los servicios urbanísticos mínimos, tanto en Alzira como en otras muchas ciudades, y el impacto que las mismas tienen sobre el territorio está en el origen de estos programas de minimización de impacto que, según expuso el edil, “buscan reducir los efectivos negativos para proteger el entorno y a las mismas personas, garantizar su integración en el paisaje y mitigar los riesgos climáticos como incendios o inundaciones”.

El concejal abogó por, una vez aprobado el informe, divulgarlo y trasladar su contenido a un marco normativo como una ordenanza que regule la aplicación de estos procedimientos.

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