El Síndic de Greuges investiga si el gobierno de Alzira vulnera el derecho de la edil Mar Chordá a la información

El Síndic de Greuges ha admitido a trámite una queja de la concejal del grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Alzira, Mar Chordá, contra el equipo de gobierno por una supuesta vulneración del derecho a recibir información como miembro de la corporación y ha emplazado al ejecutivo local a, en el plazo de un mes, remitir un informe detallado y razonado sobre los hechos que dan lugar a esta investigación.

La queja tiene su origen en la falta de respuesta a una petición realizada por Chordá a principios de mayo en la que solicitaba el acceso a información relativa a todos los contratos menores tramitados por el ayuntamiento durante el ejercicio 2025 y, en particular, la identidad de adjudicatarios, importes facturados, objeto contractual, área gestora, número de factura, fechas de facturación, justificación de la necesidad y detección de posibles fraccionamientos contractuales.

Mar Chordá reveló en el último pleno el inicio de esta investigación por parte del Síndic de Greuges y, tras preguntar al alcalde si consideraba normal que una concejal tenga que recurrir a instituciones externas para obtener información, emplazó al equipo de gobierno a “abandonar la estrategia de opacidad y facilitar la información solicitada”, al tiempo que preguntaba si alguien iba a asumir responsabilidades si el Síndic concluía que se habían vulnerado sus derechos como edil.

El concejal de Hacienda y Contratación, Andrés Gomis, que se despedía del cargo en esta sesión, negó la mayor al señalar que “en ningún caso” se había producido una denegación de información ya que se había contestado a Chordá que en el Portal de Contratación podía encontrar el grueso de la información y que, si a partir de ahí, tenía interés en algunos expedientes en particular se le facilitarían. “Si solicita de forma genérica la información de la contratación de todo un año eso supondría paralizar el trabajo de toda el área económica y que los proveedores no pudieran cobrar, para obtener una cantidad de información que ni Vd. podría asimilar”, respondió Gomis, mientras señalaba que el ayuntamiento responderá al requerimiento del Síndic, al tiempo que señalaba que la Ley de Transparencia también contempla causas de inadmisión que hablan de solicitudes relativas a información en las que sea necesaria una acción previa de reelaboración o que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado en la finalidad de transparencia de la ley.

Chordá, no obstante, considera que el ayuntamiento se niega en la práctica a facilitar los datos solicitados sobre adjudicatarios, importes, facturas, expedientes y posibles fraccionamientos de contratos. “Resulta extremadamente grave que haya tenido que intervenir una institución estatutaria para intentar conseguir información que cualquier concejal debería poder consultar con normalidad en un ayuntamiento transparente”, incide la edil del grupo de no adscritos.

“Espero que esta preocupante falta de transparencia por parte del gobierno local sea, como mal menor una simple consecuencia de la falta de ganas de trabajar y de sistematizar la información, y no porque realmente hayan querido ocultar algo a los ciudadanos y a la oposición”, concluye Chordá.

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