La ampliación de los ríos tras la dana ocupará cien hectáreas de cultivos en torno al Magre y el Xúquer

El Estado prevé incorporar unas 100 hectáreas de explotaciones agrarias de la Ribera ubicadas en zonas inundadas por la dana junto a los ríos Magre y Xúquer al dominio público hidráulico (DPH). La revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dibuja una nueva cartografía de la superficie estimada del DPH tras la dana del 29 de octubre de 2024, que incorpora unas 300 hectáreas de suelo agrícola de todas las áreas afectadas en la provincia de València. 

En la Ribera, las zonas donde los cauces públicos ganan más terreno son varias. En las aguas altas del Magre, se observa un nuevo trazado más amplio desde Alborache a Turís, y de ahí baja hasta la Vall dels Alcalans, ganando terreno a derecha o a izquierda según los tramos, en el meandro entre Real y Montroi y en su descenso hacia El Marquesat. En Alfarb y Llombai, se proyecta un ensanche apreciable del DPH que coincide con la zona del río que transcurre más cerca de las zonas urbanas. También en Carlet, en paralelo al Camí dels Molins, hay algunas zonas de ampliación. Aguas abajo, existen algunos tramos en que se amplía el cauce público entre l’Alcúdia y Algemesí. Desde ahí ya no se perciben modificaciones respecto al trazado antiguo. La revisión acaba en Sueca, en el polígono industrial Margen Derecha. En el Xúquer no se advierten grandes modificaciones, a excepción de la confluencia con el Magre, donde se dibuja un gran triángulo de terreno inundable.

Crecidas "extraordinarias"

Según el responsable del departamento de Aguas, Proyectos y Expropiaciones de AVA-Asaja, Juan Manuel Peiró, existe “una alta incidencia de parcelas que van a pasar a formar parte del dominio público hidráulico”. En Llombai y Alfarb “hay parcelas agrarias completas que pasan a ser DPH”, asegura. Esta organización ha planteado diversas consultas ante el Miteco, y también ante el Ministerio de Agricultura y la propia Confederación Hidrográfica del Júcar para cuestionar este nuevo trazado. De acuerdo con Peiró, las “revisiones periódicas del DPH tendrán en cuenta crecidas ordinarias en cauces y barrancos”, sin embargo las inundaciones producidas por la dana considera que son “extraordinarias” y, por tanto, no coinciden con los criterios que marcan la Ley de Aguas y la Ley del Dominio Público Hidráulico, explica el técnico. “Hemos solicitado que no se incorporen estos terrenos”, indica. Y aún no han obtenido respuesta. Otra de las peticiones planteadas por AVA-Asaja es que si la modificación del dominio público hidráulico sale adelante, se ofrezcan indemnizaciones extraordinarias a los agricultores que perderán sus tierras al quedar estas incluidas en el nuevo DPH. 

“Supone la pérdida de los terrenos, que serán catalogados como DPH”, dice. El Ministerio de Agricultura promovió esta revisión para la creación de una línea de ayudas para paliar las pérdidas de renta a través del Fondo Español de Garantía Agraria. La línea 3 prevé compensaciones por daños y para las parcelas que van a ser DPH: “Son ayudas por los daños ocasionados, pero no es una indemnización por la pérdida de la titularidad de las parcelas”, señala el técnico de AVA-Asaja. Hasta el momento, la organización ha informado a través de charlas en los municipios más afectados. La semana pasada lo explicaron en Turís, antes lo hicieron en Sot de Chera, Vilamarxant y Alcàsser, y hoy estarán en Llombai. Ya contabilizan un centenar de agricultores interesados en reclamar. 

Además de las parcelas que quedan dentro del cauce público, el nuevo trazado ampliará las zonas de servidumbre (5 metros junto al DPH) y de policía (10 metros más), lo que limitará los usos de estos terrenos: “En la zona de servidumbre no puedes hacer nada y en la de policía hay muchas limitaciones y debes pedir la autorización de la CHJ para construir una casa de aperos, o de riego por goteo o para hacer plantaciones”, explica. El nuevo trazado del dominio público hidráulico está en fase de consulta y “no está previsto que se puedan presentar alegaciones”, dice Peiró. De momento, AVA-Asaja aguarda la respuesta del ministerio sobre las consultas planteadas.

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