Agró pide a la fiscalía que investigue si el campo de tiro de Guadassuar incumple la ley

Acció Ecologista Agró ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Valencia que investigue la actividad del campo de tiro de la Garrofera de Guadassuar y, a su vez, que se decrete el cese cautelar de la actividad en base a una serie de presuntos incumplimientos, deficiencias en la gestión de residuos, problemas de contaminación acústica que afectan a las viviendas del entorno y otros riesgos para la salud pública derivados de la presencia de palomas heridas o muertas “dentro y fuera de la zona de seguridad” de la instalación. Agró alerta de una presunta infracción ambiental por dispersión de munición de plomo y de posibles vicios de legalidad relacionados con el incumplimiento de la normativa sectorial y patrimonial, “así como con una posible desviación de poder”, al tiempo que recuerda que por la zona de tiro atraviesa una vía pecuaria que no se ha modificado.

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, ha defendido que el campo de tiro de Guadassuar se recuperó hace un par de años y cuenta con los permisos del ayuntamiento, la conselleria y la supervisión de la Guardia Civil, “de lo contrario no podría ejercer la actividad”, y explica que el club tiene un pliego de condiciones en el que figura que una empresa especializada se hace cago de la recogida del plomo cada cierto tiempo, como así se certifica. Martínez considera que la denuncia de Agró no tiene sentido al tratarse de una instalación que cumple la legalidad y la enmarca en las “denuncias que de forma sistemática presenta contra los campos de tiro en los que tenemos actividad”. En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la sociedad de cazadores El Mirlo de Guadassuar, Ximo Olmos, que incide en que el servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil homologó el campo y que en cada tirada que se celebra aporta la documentación necesaria sin que haya tenido nunca ningún problema.

El grupo ecologista, por su parte, expone que el uso del campo se abandonó años atrás “por motivos ambientales” y se ha retomado “sin que conste modificación sustancial de las condiciones de uso ni de la gestión ambiental cuestionadas por la administración”. Olmos, por su parte, explica que el campo se cerró porque finalizó la concesión de 25 años sin que la sociedad se percatara y que la corporación que había en su momento evitó otorgar otra mientras que, con el cambio en el ayuntamiento, los cazadores sí cuentan con ese respaldo.

Agró expone en un comunicado difundido este jueves que los usuarios del campo siguen empleando munición de plomo, “lo que estaría dando lugar a la dispersión de perdigones dentro y fuera del recinto autorizado, afectando a caminos rurales, parcelas agrícolas y espacios naturales adyacente” y que la acumulación de perdigones podría provocar contaminación química y “contravenir la ley de residuos y suelos contaminados”, por lo que consideran que debería ser objeto de verificación técnica. La federación defiende que ese trabajo ya se realiza.

Los ecologistas exponen también hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de maltrato animal, por el uso de palomas vivas como blancos en sesiones de tiro “a las que se estaría arrancando las plumas caudales con la finalidad de dificultar su vuelo y convertirlas en blancos más fáciles”. El comunicado de Agró también señala que “el hecho de que la sociedad de cazadores El Mirlo haya eludido las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Guadassuar y la Conselleria de Medio Ambiente para la restauración de los daños producidos en el monte público y la limpieza de los residuos generados por la actividad, condujo a que la propia conselleria emitiera en 2017 un informe en que se instaba a eliminar la actividad en el emplazamiento por no ser respetuosa con los valores naturales del monte”.

Por otra parte, alertan del peligro de la práctica de tiro al pichón para las personas por “los posibles incumplimientos de las normas de seguridad” establecidas en el reglamento de armas y del impacto acústico que estaría afectando al descanso y la calidad de vida de los residentes de la zona, encontrándose algunas viviendas a tan solo 300 metros del campo de tiro.

El presidente de los cazadores incide en que si no se cumpliera la normativa no se les hubiera permitido celebrar ninguna tirada.

En base a lo expuesto, Acció Ecologista-Agró ha solicitado a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación para valorar las conductas tanto de los titulares del campo de tiro como por parte de las autoridades que, por acción u omisión, “habrían permitido la actividad con infracción de las normas de cumplimiento”. Asimismo, ha instado a la Fiscalía a solicitar ante el órgano judicial competente el cese cautelar de la actividad, a exigir a los responsables a la restauración medioambiental de la zona, a promover la imposición de las sanciones pertinentes y a investigar la legalidad de la autorización de ocupación concedida a la sociedad de cazadores a los efectos de determinar su adecuación al ordenamiento jurídico.

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