Una ordenanza 'antiokupas' de Cullera combatirá el abandono de inmuebles

El Ayuntamiento de Cullera ha aprobado este jueves de forma inicial la nueva Ordenanza Reguladora de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles y de Medidas de Prevención frente a la Ocupación Ilegal, una normativa destinada a reforzar las obligaciones de los propietarios, evitar el abandono de viviendas y mejorar la convivencia urbana en el municipio.

La propuesta ha salido adelante en el pleno municipal con los votos favorables del PSOE, Compromís per Cullera y Vox, mientras que el Partido Popular se ha abstenido. Con esta aprobación inicial, el texto inicia ahora su fase de exposición pública, en la que ciudadanos, asociaciones y entidades podrán presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El equipo de gobierno defiende que esta ordenanza permitirá dotar al consistorio de herramientas más eficaces para actuar ante inmuebles abandonados o en mal estado, especialmente en aquellos casos en los que la falta de mantenimiento pueda derivar en problemas de insalubridad, inseguridad o conflictos vecinales.

Uno de los ejes principales de la normativa será la creación de un registro municipal de propiedades abandonadas, que permitirá identificar y hacer seguimiento de los inmuebles en situación de riesgo. Este censo facilitará la intervención preventiva de los servicios municipales antes de que los edificios se degraden o puedan ser objeto de ocupación.

La ordenanza también refuerza las obligaciones de conservación y mantenimiento de los propietarios, con especial atención a aquellos casos en los que los titulares, en muchos casos personas jurídicas, no atienden el estado de sus inmuebles durante largos periodos de tiempo.

Asimismo, el texto contempla medidas específicas para edificaciones sin finalizar o viviendas terminadas que permanecen desocupadas, al considerar que pueden convertirse en puntos vulnerables desde el punto de vista de la seguridad y la salubridad.

Coordinación municipal y apoyo jurídico

La normativa recopila y ordena actuaciones que ya se vienen realizando desde áreas como Urbanismo, Policía Local y Servicios Sociales, con el objetivo de mejorar la coordinación y agilizar la respuesta del ayuntamiento.

La concejala de Urbanismo, Débora Marí, ha señalado que durante 2025 el departamento municipal tramitó alrededor de 150 órdenes de ejecución, una decena de expedientes de ruina y unas 20 intervenciones urgentes en edificios de más de 50 años.

Según la edil, la nueva ordenanza permitirá sistematizar estas actuaciones y actuar de forma preventiva, siempre dentro de las competencias municipales.

Además, el texto incorpora un servicio de asesoramiento jurídico, atención y mediación, dirigido tanto a propietarios como a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de combinar la protección del derecho a la propiedad con la atención social.

«Queremos prevenir antes que actuar»

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha defendido el carácter preventivo de la ordenanza, subrayando que el objetivo es anticiparse a los problemas derivados del abandono de viviendas.

«Queremos disponer de un control y un registro que nos permita actuar antes de que se produzcan situaciones de ocupación o deterioro urbano», ha señalado el primer edil.

Mayor ha insistido en que todas las actuaciones se realizarán dentro del marco legal vigente y que cualquier desalojo requerirá siempre autorización judicial.

El portavoz del Partido Popular, Alan Martínez, ha justificado la abstención de su grupo al considerar que la ordenanza inicia ahora su fase de exposición pública, lo que permitirá incorporar alegaciones y posibles mejoras al texto.

En este sentido, el PP ha señalado que esperará al resultado de ese proceso participativo para fijar su posición definitiva cuando la normativa vuelva al pleno para su aprobación final.

Con esta aprobación inicial, Cullera da el primer paso para dotarse de una herramienta específica que busca mejorar la conservación del parque inmobiliario, reforzar la seguridad urbana y prevenir los problemas asociados al abandono de viviendas y la ocupación ilegal.

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