“Si la expropiación no da para comprarnos otra casa no nos podemos ir, nos vemos en la calle”

Joaquín Serrano y Carmen Martorell, ambos de 79 años, viven desde hace 33 años en un núcleo de casas junto al Camí de Sant Bernat de Carlet, afectadas por la expropiación de terrenos que ha tramitado la Conselleria de Infraestructuras para ejecutar la Ronda Oeste, actualmente en construcción. Les duele tener que dejar su vivienda, asumen que por una infraestructura “que es buena para el pueblo” se vean obligados a hacerlo, aunque no a cualquier precio. “Si no me pagan lo que me tienen que pagar, no me puedo ir, si no me pagan, no me voy”, comenta Joaquín, que se ve literalmente “en la calle”. Aunque el matrimonio ya va cada noche a dormir a casa de su hijo, quieren seguir viviendo de forma independiente, pero los 50.000 euros en que se ha tasado la expropiación no les permiten comprar otra vivienda. “He visto casas en Carlet entre 95.000 euros, que están para reformar, y 115.000. Pero con mi edad, voy al banco y no me dan un préstamo, sólo quiero un dinero justo para poder irme”, incide Serrano.

Su vecino Joaquín Moreno se ve también “en la calle”. “De verdad que estoy mal, con los 45.000 euros que me dan, ¿qué me compro yo? Nada. Yo no estoy de acuerdo, que nos den algo más de dinero o una vivienda”. En su caso, la situación es incluso más grave porque asegura que han cortado la luz a la casa. “Por la noche da miedo estar aquí”, comenta.

Un sobrino de Carrasco propietario de otro inmueble en este núcleo considera una “humillación” los poco más de 14.000 euros que le dan por la vivienda familiar, actualmente tabicada. “Con eso hoy en día no tiene ni para un garaje para una moto”, explica José Cevaqueva, amigo de José María Serrano, que ejerce de portavoz, al tiempo que advierte de que se trata de una persona especialmente vulnerable desde el punto de vista patrimonial y por tener una minusvalía reconocida del 71 %. “Desde Bienestar Social le recomendaron que se fuera de alquiler porque había un proceso de expropiación y que sellara la puerta. Él, que no discute nada, ha sido víctima de todo. El dueño de la casa en la que vive le está reclamando el piso porque lo quiere vender. Solo quiere una casa digna. El justiprecio, por su propia denominación, tiene que contemplar las situaciones particulares”, incide Cevaqueva.

El abogado Ximo Esteve denuncia que se ha activado el lanzamiento de estos vecinos -tras un primer requerimiento, el juzgado ya ha puesto fecha, el 16 de julio, para que entreguen las llaves y abandonen los inmuebles- “a un precio confiscatorio”, que ha recurrido ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, si bien advierte que este no tasa bienes inmuebles ya que solo entra en la valoración del suelo y considera que sus clientes no están en disposición de afrontar un contencioso administrativo que se presume largo y costoso y que podría tener consecuencias muy gravosas para ellos en caso de paralización de las obras.

Esteve asegura que el proyecto inicial elaborado por la asistencia técnica valoró las viviendas entre 90.000 y 110.000 euros, unos importes que la conselleria redujo “prácticamente un 50 %”. Sus alegaciones para que se revisaran provocaron un nuevo ajuste, “pero también a la baja”, aunque mínimo. En el caso de la vivienda de José María Carrasco, de 14.836 euros a 14.400. “Sólo reclamamos un precio justo para que puedan adquirir otro bien de similares características porque la cantidad que ofrece la conselleria es irrisoria y no cumple el fin del expediente de expropiación”. El abogado apela a la sensibilidad de la Administración en un tema tan delicado como la vivienda y le emplaza a que revise los precios: “Queremos que la Administración comprenda que estas familias no pueden quedarse en la calle”, incide Esteve, que reclama precios “más justos” para que los afectados puedan optar a otra vivienda “de carácter análogo”. En sus valoraciones eleva el justiprecio hasta 115.000/120.000 euros, según detalla.

El abogado señala los casos más vulnerables de las diferentes expropiaciones tramitadas para la construcción de la Ronda Oeste de Carlet y cifra los importes ofrecidos a estas familias entre 64.000 y 14.000 euros.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras señalan que en cualquier procedimiento de expropiación los afectados tienen la posibilidad de recurrir el justiprecio y que, en un contexto inflacionista como el actual, ya se han producido resoluciones en la que el tribunal aumenta el importe de las indemnizaciones.

“Esta casa representa el sacrificio de toda una vida y ahora que tenemos una edad avanzada y poca salud nos vemos como abandonados y nos tiene que ayudar mi hijo, no queremos molestar a nadie, esta situación me hace sentir como un mueble viejo”, lamenta.

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