El Síndic atiende la queja de la edil Mar Chordá y emplaza al tripartito de Alzira a entregarle información de contratos menores

El Síndic de Greuges ha reconocido el derecho de la concejal del grupo de no adscritos Mar Chordá a acceder a la información solicitada sobre la contratación menor tramitada por el Ayuntamiento de Alzira durante todo el ejercicio 2025 para, en su condición de cargo público electo, poder fiscalizar la actividad del equipo de gobierno mientras que, por otra parte, advierte que el consistorio no ha justificado la imposibilidad técnica de obtener una listado informático con la relación ordenada de los adjudicatarios de estos contratos y tampoco consta “que se haya respondido expresamente a la solicitud de información sobre si se han detectado posibles fraccionamientos de contratos". La resolución firmada por Ángel Luna el 23 de julio recomienda al gobierno municipal que facilite a Chordá la información solicitada. El grupo de exmilitantes de UCIN que arropa a la edil advierte de que esta resolución del Síndic de Greuges “desmonta” los argumentos utilizados apenas unos días antes por el gobierno municipal (Compromís, PSOE y UCIN) para reprobar a Chordá en el pleno con la acusación de mantener una práctica “obstruccionista” ya que, según esgrimió el tripartito, las peticiones de grandes volúmenes de información afectan al normal funcionamiento de departamentos municipales.

La queja elevada por Chordá a finales de mayo responde a no ver cumplida su petición de obtener la información sobre los contratos menores formalizados por el ayuntamiento durante el año anterior, a través de una relación que incluyera la identidad de los adjudicatarios, los importes facturados, el objeto contractual, el área de gestión, el número de facturas, las fechas, el procedimiento seguido, la justificación de la necesidad, así como si se habían detectado posibles fraccionamientos.

El ayuntamiento respondió a un primer requerimiento del Síndic que gran parte de esa información es pública y se puede consultar en la plataforma de contratación, que se trataba de una petición genérica e indiscriminada y que la tramitación de esta petición comportaría una carga “desproporcionada e incompatible con el funcionamiento ordinario de los servicios municipales", por lo que emplazaba a Chordá a acotar la petición.

"Solo una relación de datos básicos"

Mar Chordá respondió que no pretendía obtener copia de todos los expediente completos, sino la “información necesaria para fiscalizar el uso de la contratación menor durante el ejercicio 2025, especialmente en relación con aquellos supuestos en los que pudieran haberse superado los límites legales aplicables a contratos menores de obras, servicios o suministros o en los que pudiera existir fraccionamiento indebido” a través de una relación ordenada con unos datos básicos.

El Síndic de Greuges atiende la queja de Chordá, emplaza al ayuntamiento a facilitar la información y recuerda que la legislación específica en materia de régimen local ha querido que el acceso a la información de los concejales sea rápida, sin retrasos, “puesto que esto dificulta más allá de lo razonable el ejercicio de un derecho fundamental”.

Mar Chordá ha señalado que esta resolución “demuestra que no existía ningún abuso ni ninguna petición indiscriminada, sino una solicitud concreta destinada a fiscalizar cómo se utiliza el dinero público”. “Me reprobaron por ejercer mi obligación como concejala”, señala la edil, que considera que esta resolución “acredita que el gobierno municipal presentó de manera artificial su solicitud como una petición masiva, indiscriminada y perjudicial para el funcionamiento del ayuntamiento, cuando en realidad se trataba de obtener información digital y sistematizada”.

“Los funcionarios no son responsables de esta situación. Quienes deben responder son quienes decidieron negar la información, deformar públicamente mi petición y promover una reprobación para intentar frenar mi labor de control”, incide Chordá, que considera especialmente grave “que el ayuntamiento no haya contestado si durante 2025 se detectaron contratos menores con posibles fraccionamientos, reiteraciones de objeto, reparos de Intervención u omisiones de fiscalización”.

“Si no existe ninguna irregularidad, únicamente tienen que entregar el listado y contestar claramente. Lo que no es aceptable es reprobar a quien pregunta mientras se evita responder sobre el destino del dinero público”, añade la edil del grupo de no adscritos, mientras reclama al alcalde, Alfons Domínguez, y a los once concejales de Compromís, PSPV y UCIN que acepten la recomendación del Síndic, le faciliten la información en formato digital “y expliquen por qué apoyaron una reprobación sustentada en argumentos que han quedado seriamente desautorizados”.

“Enrique Montalvá promovió la reprobación, Gemma Alós defendió públicamente los reproches y todo el gobierno la respaldó con su voto. Ahora deben asumir su responsabilidad política. El Síndic ha confirmado que solicitar esta información forma parte de mi función como representante pública que el ayuntamiento no justificó su negativa”, concluye Chordá.

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