Con un guión que se podía haber escrito con anterioridad, el Gobierno local del PP de Gandia y los dos grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, no llegaron a ningún acuerdo durante la comisión especial reunida ayer para investigar cómo se ha podido perder la relación de todas las facturas pagadas por la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), de la que es socio único el ayuntamiento.
Esos documentos informáticos reunían y ordenaban miles de facturas por valor de decenas de millones de euros abonados por IPG entre los años 2006 y finales de 2013. Para el PP el «borrado» se había debido «a un fallo informático», mientras que PSPV-PSOE y Compromís coinciden en no creerse esa versión, y apuntan a la posibilidad de que la pérdida de esos documentos responda a una acción deliberada que tendría como objetivo impedir fiscalizar los gastos del gobierno local del PP.
Como publicó este periódico, al «error» informático se suma que no hubiese ninguna copia de seguridad y que las facturas físicas, en papel, estén completamente desordenadas.
En la reunión de ayer socialistas y nacionalistas pidieron al PP que, a la vista «de la gravedad» de lo sucedido, fuera el propio ayuntamiento el que remitiera un informe a la Fiscalía Anticorrupción solicitando la apertura de una investigación judicial con el fin de garantizar la imparcialidad de la misma y determinar las responsabilidades que puedan tener miembros del Gobierno local o de IPG en este hecho.
Como se esperaba, el PP rechazó ese planteamiento y propuso a la oposición que se solicitara un tercer informe a una empresa informática, consensuada por los tres partidos representados en la Corporación, para que ratificara si, como ya han determinado otras dos firmas, hubo un fallo en el disco duro que provocó la pérdida de la documentación.
Soler, contra «disputas estériles»
Para el PP, ayer los responsables de IPG y técnicos informáticos municipales respondieron «con detalle» a todas las preguntas que plantearon PSOE y Compromís. Víctor Soler, portavoz y Coordinador del Gobierno local, indicó que «se ha dejado bien claro que la voluntad del Ejecutivo ha sido informar» y que en este caso «no tiene nada que esconder».
Mientras Soler añadía que la actitud de la oposición solo pretende «abrir disputas estériles» y «buscar fantasmas donde no los hay», el PSOE y Compromís insisten en considerar la cuestión como «muy grave» y ya se han repartido el trabajo.
El socialista Vicent Mascarell señaló que su grupo está preparando una denuncia por vía penal contra el Gobierno del PP «para que sea la justicia la que aclare qué ha pasado». Para esta denuncia el PSOE se basará «en las más de 30 facturas» que, según el concejal, «han desaparecido».
Mascarell considera que detrás de la pérdida de esas reacciones de facturas «que imposibilitan recuperar la contabilidad de IPG», se oculta «un saqueo a gran escala en las empresas municipales de Gandia», añadió que «las explicaciones del Gobierno no nos han convencido» y concluyó que «como se han negado a denunciar de oficio ante la Fiscalía, seremos nosotros quienes registraremos la denuncia».
Compromís: «Opacidad total»
Compromís, por su parte, elevará una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción al considerar que las explicaciones dadas por el PP «no son satisfactorias». Para los concejales Lorena Milvaques y Facund Puig, a la «misteriosa avería informática» se une «que hace mucho tiempo que la empresa pública funciona con una opacidad absoluta», dado que «no se nos ha facilitado ninguna información económica, ni los balances trimestrales, ni la morosidad o la deuda con los proveedores».
