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La empresa pública de Gandia que perdió las facturas eleva su deuda a 63,7 millones

El alcalde, Arturo Torró, reconoce a los grupos de la oposición que la mercantil «es putrefacta» y dice que quiere cerrarla pero no puede PSPV-PSOE y Bloc-Compromís dicen que es «un nido de enchufados» y se pueden estar cometiendo delitos

La empresa pública de Gandia que perdió las facturas eleva su deuda a 63,7 millones

La empresa pública de Gandia que perdió las facturas eleva su deuda a 63,7 millones

Los ciudadanos de Gandia no van a ganar para disgustos cuando tengan que padecer las consecuencias de una deuda municipal que no hace más que incrementarse. Ayer, para sorpresa general, el Gobierno local del PP reveló que la empresa Iniciatives Públiques Gandia, de la que el ayuntamiento es su socio único (IPG), ha pasado en dos años de tener una deuda acumulada de 40 millones, según el dato de 2011, a los 63,7 millones a fecha de 31 de diciembre de 2013.

Este desastre económico de la empresa de todos los gandiense es de tal envergadura que solo en facturas impagadas a proveedores se han acumulado 16,3 millones de euros, y los bancos han exigido el pago de las cuotas de préstamos contraídos por IPG por valor de 29,2 millones de euros.

Las cifras marean, y el resultado global de IPG permite afirmar que hace mucho tiempo que esta empresa municipal está en la más absoluta de las quiebras, dado que, también a 31 de diciembre del año pasado, «el importe total del pasivo corriente excede del total del activo corriente en 38,2 millones de euros». Dicho de otra forma, si IPG se disolviera ahora mismo y vendiera todo lo que tiene, aún se quedaría con una deuda de casi 40 millones de euros. Un día u otro, esa cantidad deberá ser asumida por su socio único, es decir, el Ayuntamiento de Gandia.

En la memoria del año 2013 que ayer se presentó también figura un dato que hasta ahora se desconocía y que el Gobierno local del PP nunca ha querido revelar. IPG tuvo en el pasado ejercicio una media de 48 trabajadores en nómina, lo que supone 18 más que en el año 2012. El dinero invertido en Personal superó el millón y medio de euros, según consta en ese mismo documento.

Este desastroso balance se conoció ayer durante una Junta General tensa en la que el alcalde, en calidad de presidente de IPG, reconoció, ante las durísimas críticas de la oposición, que IPG es «una empresa putrefacta» y que su intención sigue siendo cerrara. Pese a eso, Torró aseguró que no puede liquidar la empresa porque un informe del interventor se lo impediría.

El portavoz del PSPV-PSOE, José Manuel Orengo, acusó al PP de estar cometiendo irregularidades en IPG, e incluso sospecha que se está malversando dinero público.

Facund Puig, del Bloc-Compromís, arremetió contra el PP y dijo que IPG, además de ser un ejemplo «de gestión desastrosa», es «un nido de enchufados próximos al PP», un «ejemplo de opacidad».

Los dos grupos de la oposición también recordaron el reciente suceso de pérdida de la relación de facturas de IPG, que ha marcado la actualidad de la empresa pública en los últimos días. «Es una obscenidad», indicó Puig, mientras que Orengo se dirigía a la bancada del PP para advertir a los concejales de que podrían estar avalando delitos con la aprobación de las cuentas de la empresa.

Arturo Torró volvió a decir que la catastrófica situación económica de IPG es solo la consecuencia de la gestión que se llevó a cabo en la pasada legislatura.

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