El Gobierno local del PP de Gandia, con su alcalde Arturo Torró a la cabeza, no solo no ha podido reducir la monumental deuda que heredó de las anteriores legislaturas, sino que, como se ha podido comprobar esta misma semana, los números rojos se incrementan a un ritmo de vértigo.
Por resumir, todo lo que el ayuntamiento y sus empresas debían a principios de 2012, medio año después de que el PP ganara las elecciones, sumaba, en números redondos, unos 220 millones de euros. Hoy esa cifra se aproxima a los 270 millones y es casi seguro que aún irá a más.
Este alarmante dato se produce por dos factores. El primero es que, pese a los reparos de legalidad, el alcalde de Gandia decidió no devolver los créditos que el ayuntamiento y las empresas públicas tienen contraídos con los bancos, de manera que el montante total no se reduce. Por este hecho varios bancos han denunciado al ayuntamiento. En segundo lugar, el gasto municipal se mantiene muy por encima de los ingresos, con las graves consecuencias que eso acarrea para el presente y para el futuro de la institución que representa a todos los gandienses.
La herencia y el contador a cero
En marzo de 2012, nueve meses después de que Arturo Torró accediera a la alcaldía y se pusiera al timón del ayuntamiento gracias a la mayoría absoluta que las urnas le dieron en 2011, el consistorio aprobó un crédito extraordinario de 60 millones de euros para liquidar la monumental relación de facturas impagadas que se había acumulado. Unas eran de la anterior legislatura, cuando José Manuel Orengo era alcalde, y otras de la nueva administración dirigida por Torró. El desglose de esa relación para saber cuánto corresponde a cada alcalde nunca se ha hecho público.
Esos 60 millones, unidos a los 119 que había en créditos a corto, medio y largo plazo, más los 40 millones de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), heredado de Orengo, sumaban casi 220 millones. En ese momento cada ciudadano de Gandia adeudaba 2.900 euros, una barbaridad si se compara con la mayoría de ayuntamientos. Con esa hipoteca, la capital de la Safor se ponía entre los municipios más endeudados de España.
Fue entonces cuando el alcalde y su concejal de Hacienda, Guillermo Barber, anunciaron que, al pagar los 60 millones en facturas atrasadas, habían puesto «el marcador a cero», expresión con la que querían transmitir a la ciudadanía que lo heredado quedaba ahí y que a partir de entonces lo que pudiera ocurrir ya se tendría que atribuir, para bien o para mal, a la gestión del PP.
Segundo plan de pago
Lógicamente todos pensaron que se entraba en una fase de contención del gasto y de liquidación de la deuda acumulada, al ritmo que el consistorio pudiera asumir. Lejos de eso, pronto surgieron los primeros informes de morosidad y los datos económicos negativos. El ayuntamiento seguía gastando mucho más de lo que se ingresaba, y por eso en junio de 2013, apenas quince meses después del «contador a cero», el Gobierno local tuvo que reconocer que se iba a acoger a un nuevo rescate. En esta ocasión para pagar facturas por valor de 22 millones de euros. Como tampoco se había pagado a los bancos, la deuda ya se ponía en más de 242 millones, a razón de 3.100 euros per cápita.
El jueves pasado, para sorpresa general, llegó otro mazazo de números rojos. En esa ocasión fue cuando el Gobierno local destapó las cuentas del año 2013 de Iniciatives Públiques Gandia (IPG), la mercantil de la que el ayuntamiento es socio único. Ahí se vio que, de los 40 millones «heredados», en apenas dos años el PP había incrementado la deuda en 25 millones, situando el total en 65 millones de euros. El acumulado entre el ayuntamiento y la empresa IPG ya supera los 267 millones de euros, y con toda probabilidad seguirá esa cifra incrementándose cuando se contabilicen los gastos de este 2014 en ambos organismos.
De hecho, la auditoría que acompaña las cuentas de IPG señala que el Gobierno local aprobó hace apenas un mes una transferencia «retroactiva» de 9 millones de euros que IPG ha contabilizado en el año 2013 para cuadrar números y esquivar un balance que habría obligado a su liquidación.
La deuda de Gandia se sitúa ahora en 3.450 euros por habitante, y este agujero sin fondo de la Administración local sigue dando argumentos de peso a quienes consideran que la ciudad no tiene ninguna posibilidad de salir a flote por su propia cuenta. El alcalde asegura que negocia desde hace dos años para devolver esa montaña de dinero en 40 o 50 años.
