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La justicia más próxima al ciudadano

Los jueces de paz son el primer escalón del Poder Judicial y ayudan a resolver pleitos menores en los municipios donde no llegan los tribunales ordinarios El cargo lo ejercen vecinos escogidos por su conciliación, mediación y entrega a los demás

Mari Carmen, Mercedes, Julio, Vicent, Fernando y Pilar son vecinos de diversos municipios de la Safor, como los demás, pero su ejemplaridad, conciliación y servicio público les ha llevado a asumir un cargo instaurado en España hace 150 años: son jueces de paz. Todos ellos -una pequeña representación que consiguió reunir este periódico en l'Alqueria de la Comtessa-han sido elegidos precisamente por esa bonhomía y la capacidad para mediar en conflictos menores.

Conocen bien sus respectivas poblaciones, están a buenas con todos los colectivos y se implican en muchas de sus iniciativas. Pilar, por ejemplo, la anfitriona, ha sido durante 25 años presidenta de la asociación de amas de casa, «y pertenecí a la asociación de las Hijas de María que promovió la creación de una capilla para la Inmaculada en la iglesia», puntualiza orgullosa. A Julio le animó a presentarse el entonces alcalde Eugenio Pérez, y ya lleva 17 años como juez de paz, si bien el actual mandato ya llega a su fin.

Los juzgados de paz son el primer escalón del Poder Judicial, existen en los municipios donde no hay Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Pueden ser de dos tipos; en poblaciones mayores de 7.000 habitantes -en este caso, Oliva y Tavernes de la Valldigna- cuentan con un secretario a su disposición que proviene de la Administración de Justicia y cobra del Ministerio. En las de menos de 7.000 habitantes, este servicio de asistencia lo presta directamente el ayuntamiento a través de funcionarios municipales. Los jueces de paz se encargan, entre otras funciones, de llevar el Registro Civil, con trámites como las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones; hacer llegar todo tipo de notificaciones y citaciones judiciales; y resolver faltas contra las personas como amenazas, coacciones, injurias y vejaciones.

Mercedes añade que, en las votaciones de los procesos electorales, también deben llevar las papeletas a la sede de la Junta Electoral Provincial, acompañados por agentes de la Policía Local.

Los jueces de paz se presentan voluntariamente al cargo y tanto el titular como los sustitutos son elegidos por los plenos municipales para un periodo de cuatro años, que no necesariamente tiene que coincidir con la legislatura política.

Para ser juez de paz no hace falta saber de leyes ni ser licenciado en Derecho. El sentido común, la prudencia y la capacidad de persuasión con dotes casi de psicólogo son sus principales virtudes para impartir justicia.

Como autoridades municipales que son, los ayuntamientos les reservan sus respectivas varas de mando y están presentes en actos protocolarios, como las procesiones o en las fiestas patronales.

Todos coinciden en que la celebración de bodas son los actos más satisfactorios. El más veterano del grupo, Julio, recuerda que su récord está en cinco enlaces en una misma mañana. «La boda se tiene que oficiar exclusivamente dentro del juzgado de paz, si no, no tiene validez», aclara, y añade que el Libro del Registro «bajo ningún concepto debe salir del juzgado, está prohibido, porque si se pierde o se daña por algún accidente desaparece el soporte físico donde están apuntados centenares de nacimientos, enlaces o defunciones de todo el pueblo».

La ceremonia civil, con la pareja y los dos testigos como mínimo, es breve y bastante neutra, porque consiste básicamente en leer algunos artículos del Código Civil. Por eso, algunos como Vicent le dan un poco más de pomposidad en el lenguaje «y hasta les dedico a la pareja algún verset», apunta.

Los llamados «jueces legos» desempeñan también un papel esencial en litigios de tierras, derechos de paso o lindes, algo frecuente en una comarca con una impronta tan agrícola como la Safor. El anecdotario en este capítulo es variopinto. Algunos recuerdan varias broncas entre agricultores con parcelas anexas por desplazar uno de ellos el caballón que separa ambos huertos, para beneficiarse así del riego. Otros pleitos vienen por vallar una parcela apropiándose de zonas comunes, como los caminos.

Otro de sus cometidos es firmar la «fe de vida», documento que acredita que el interesado no ha fallecido y que permite, por ejemplo, cobrar una pensión. El hecho de tratar con vecinos de avanzada edad y sin apenas estudios también depara sorpresas a los jueces de paz. Mer, de Xeresa, recuerda con simpatía como una señora que solicitó una prestación por trabajar en su juventud en la vendimia de Francia le preguntó a la jueza si era la jueza la que cobraría la paga porque en la «fe de vida» aparecía su nombre destacado.

Los pleitos más habituales son los juicios de faltas por amenazas. «Pero si no ha testigos, no hay nada que hacer», afirma Vicent, categórico. Las estadísticas dicen que los juzgados de paz resuelven el 98% de los asuntos penales que registran. En algunos casos -comentan los jueces de paz en la charla- las partes llegan a un acuerdo en el juzgado de paz para no recurrir a la justicia ordinaria y tener que rascarse el bolsillo pagando tasas.

Con la crisis económica han aumentado los actos de conciliación, que necesariamente deben tener el visto bueno y la firma de ambas partes para que surtan efecto. «A parte de desahogar a la justicia de primera instancia -explica Julio- en lo que podemos ayudar es a que si una parte dice blanco y la otra negro, el juez de paz proponga gris, y las dos estén conformes». Esto es útil, por ejemplo, para reclamaciones por impagos o determinar la cantidad de una indemnización.

Los jueces de paz conocen a sus vecinos, y esto permite que les lleguen con eficacia las notificaciones de los tribunales. «Si cierran los juzgados de paz, más de uno se enterará de que tiene una multa impagada cuando ejecuten directamente el embargo», se lamenta Fernando, y señala que «sólo en el último año en Villalonga hicimos 800 exhortos».

En este punto todos ellos agradecen la ayuda de sus respectivos secretarios o funcionarios adscritos, que les facilitan su trabajo, incluida la Policía Local que también se encarga de llevar requerimientos para agilizar los trámites. Y observan con preocupación la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dejaría a muchos vecinos sin la justicia más cercana.

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