La deuda municipal de Gandia y de sus empresa públicas, todas ellas agrupadas ahora en IPG, ha generado cientos de enfrentamientos verbales, algunos de ellos muy tensos, entre el exalcalde socialista, José Manuel Orengo, y su sucesor del PP, Arturo Torró.
Entre lo más sonado de este agrio debate está la acusación, reiterada por activa y por pasiva, de que Orengo abandonó la alcaldía dejando una deuda acumulada de 300 millones de euros. La cifra, dada por Torró y repetida por su concejal de Hacienda, sorprendió por cuanto ningún informe ha avalado nunca ese dato.
Como ya ha tenido que reconocer el Gobierno local del PP, la losa económica de la «herencia» que recibió es pesadísima, pero mucho menor de esos 300 millones denunciados. En realidad, para saber cuánto dejó Orengo exactamente y cuánto lleva acumulado Arturo Torró sería necesario que el Gobierno local sacara a la luz la relación de facturas del Primer Plan de Pago a Proveedores, que, en el mes de marzo de 2012, liquidó 60 millones de euros impagados.
La paradoja es que, ahora sí, el Ayuntamiento de Gandia, sumando siempre la deuda de su empresa pública, ya empieza a acercarse a los 300 millones de deuda. Y lo hace pese a que, en teoría, el Ministerio de Hacienda debe controlar cada movimiento que se hace en el consistorio para garantizar que la deuda se está reduciendo. Ese control viene especificado en las normas aprobadas por Mariano Rajoy para «rescatar» a los ayuntamientos que técnicamente habían entrado en estado de quiebra económica.
De hecho, hace mucho que Gandia no habría podido prestar servicios esenciales, como la limpieza o la recogida de basuras, ni pagar a los funcionarios, de no haber sido por las medidas extraordinarias del Gobierno de España.
