El alcalde de Gandia, Arturo Torró, convocó ayer para la primera semana de diciembre la comisión de investigación que le solicitaron los dos grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, con el fin de aclarar los pagos realizados por el ayuntamiento a las empresas de Alejandro de Pedro, uno de los «conseguidores» de la trama corrupta desarticulada por la Guardia Civil en la llamada «Operación Púnica». De Pedro fue uno de los que el juez envió a prisión incondicional.
El mismo día que la Guardia Civil actuó, Torró aseguró a este periódico que el Ayuntamiento de Gandia había pagado 18.000 euros en facturas por gestionar la página web del consistorio, y negó irregularidades. También dijo que no se pagó a De Pedro por el diario digital «Ahora Gandia», que el detenido impulsó en esta ciudad con noticias favorables al PP y que arremetían contra el PSPV.
Aun así, la oposición no se quedó satisfecha con sus declaraciones y Arturo Torró decidió acceder a la convocatoria de una comisión especial para aclarar los contratos con Alejandro de Pedro y sus empresas, como le pidieron los grupos del PSPV y de Compromís en el mismo momento en que se destapó el escándalo que ha salpicado a una decena de municipios valencianos y a muchos más de la Comunidad de Madrid.
Paralelamente a esta convocatoria, el PSPV-PSOE de Gandia anunció ayer que ha remitido a la Audiencia Nacional información «que supuestamente vincularía» al alcalde, Arturo Torró, con esta trama de corrupción.
Según informó el PSPV en un comunicado, estos documentos fueron remitidos el jueves al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye este caso.
Relación de facturas perdida
Entre los documentos enviados constan diversas facturas que remitió al Ayuntamiento de Gandia la empresa Eico Managemenent Reputation SL, cuyo administrador es Alejandro de Pedro, así como listados del Plan de Pago a Proveedores con varias facturas a nombre de la misma empresa.
«Los socialistas de Gandia hemos tenido conocimiento que la Audiencia Nacional está recibiendo un gran volumen de información relacionada con las decenas de ayuntamientos en los que esta red corrupta ha trabajado, como es el caso del gobierno que preside Arturo Torró», dijo el portavoz de grupo municipal socialista de Gandia, Vicent Mascarell, quien indicó que «sospechamos que la masiva destrucción de facturas que afectan a los años 2012 y 2013 puede estar relacionadas con el caso».
Mascarell incluso relacionó esos pagos con documentos contables de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), cuya relación de facturas de varios años se perdió en un fallo que destruyó el disco duro de un ordenador de IPG.
Al tener conocimiento de esta acción judicial del PSPV gandiense, Arturo Torró indicó que se trata de «otra majadería» en la que los socialistas intentan implicarle en una trama corrupta. El alcalde reiteró que la comisión que se convocará en dos semanas aclarará todas las dudas y permitirá demostrar que Gandia nunca incumplió la ley.
