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Un juez reabre la investigación para aclarar irregularidades en una urbanización de Oliva

Los propietarios se quejan del juzgado al Consejo del Poder Judicial

Un juez reabre la investigación para aclarar irregularidades en una urbanización de Oliva

Un juez reabre la investigación para aclarar irregularidades en una urbanización de Oliva ximo ferri

El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia deberá seguir investigando si se cometieron irregularidades en la tramitación de la urbanización Aigua Blanca IV de Oliva, como sostienen algunos de los propietarios de esta zona, cuyos trabajos se iniciaron en 2006 y quedaron paralizados tres años después.

En mayo de 2012 la entonces alcaldesa de Oliva, Chelo Escrivà, del PP, remitió un escrito a la Fiscalía de Valencia por considerar que en la tramitación de este proyecto urbanístico se habrían podido cometer delitos, sin determinar qué personas estarían implicadas en los mismos.

La Fiscalía remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia que, tras tomar declaración a varias personas, decidió archivar la causa. En ese momento fueron los propietarios quienes se personaron como afectados y presentaron un recurso para que el juez siguiese la investigación. Ese acto no surtió efecto y el magistrado volvió a decidir el sobreseimiento de la diligencias.

Los afectados no se dieron por vencidos y elevaron a la Audicencia Provincial de Valencia otro recurso de apelación que, ahora sí, ha dado resultado.

La sección quinta de la Audiencia firmó un auto el pasado 14 de noviembre mediante el que desestima el archivo de la causa y pide al juez que siga investigando.

Como es habitual en estos casos, lo más probable es que se emitan nuevas citaciones para que responsables políticos o técnicos municipales declaren sobre las irregularidades que los propietarios consideran que se han cometido.

«Llegaremos hasta el Supremo si es necesario», indicó ayer Alberto Bañuls, portavoz de los afecados, quien no tiene ninguna duda de que el calvario por el que siguen pasando los propietarios es a resultas de actuaciones de políticos y técnicos supuestamente delictivas y que es necesario aclarar y depurar.

Bañuls también dijo que consideran inapropiado el proceder del juzgado de Gandia que archivó el caso, por lo que elevarán una queja al Consejo General del Poder Judicial.

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