El Ayuntamiento de Gandia se habría ahorrado más de un millón de euros si, en julio de 2012, no hubiese despedido a las 16 educadoras de su red de «escoletes» infantiles y hubiese negociado con ellas las condiciones para seguir trabajando en esas guarde-rías. Cuando el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, anunció la privatización de ese servicio, ellas, la mayoría representadas por el sindicato UGT, incluso propusieron una reducción salarial del 30 % para contribuir en la reducción de costes, pero el Gobierno local del PP optó por actuar a las bravas y las echó a la calle.
Tras un larguísimo conflicto judicial, dos sentencias dieron la razón a las educadoras, declararon ilegales los despidos y obligaron al ayuntamiento a readmitirlas y a pagarles todos los salarios dejados de percibir.
Ayer, con la fuerza que da disponer de esas sentencias, el Gobierno gandiense y el sindicato UGT anunciaron el fin de este proceso, que tanto ha hecho sufrir a muchas personas en los últimos 30 meses.
El compromiso es simple. El ayuntamiento incorporará desde ahora hasta septiembre del año próximo a las 16 educadoras despedidas, y les pagará los salarios dejados de percibir desde que fueron despedidas ilegalmente.
Ellas, a cambio, renuncian a la indemnización por despido y se comprometen a retirar la querella que, asesoradas por UGT, presentaron hace unas semanas en un juzgado de Gandia contra el alcalde de la ciudad y otros miembros del Gobierno local al considerar que habían cometido un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no cumplir las sentencias que habían ganado.
Además, también aceptan reincorporarse a sus puestos cobrando un 30 % menos del sueldo que percibían antes de ser despedidas. Esa reducción es la que ellas mismas propusieron al principio de este conflicto y que el alcalde de la ciudad rechazó.
El «final feliz» de esta historia no oculta el elevadísimo coste que supondrá para las arcas municipales. El ayuntamiento ha tenido que plegarse definitivamente a la ley y a las resoluciones judiciales, pero también ha tenido que desembolsar más de un millón de euros para pagar los salarios dejados de percibir que, de haber llegado a un acuerdo en julio de 2012, se habría ahorrado.
Cuatro meses de negociaciones
Este acuerdo, que también implica a la empresa Geim, que gestiona las guarderías municipales de Gandia, fue valorado muy positivamente por algunos de los actores que han sido parte en este largo conflicto. Andrés Bertó, representante de UGT, dijo que «tras cuatro meses de arduas negociaciones», se consigue «devolver los derechos a las trabajadoras», y añadió, refiriéndose a «otros sindicatos» que su único objetivo era defender el interés de las educadoras.
En una imagen un tanto insólita, Bertó compareció entre el coordinador general de Asuntos de Alcaldía, Javier Reig, y el concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, quienes también mostraron su satisfacción por la resolución del conflicto.
Barber echó un capote al alcalde, Arturo Torró, de quien dijo que «ha propiciado las negociaciones entre nosotros, UGT y las trabajadoras para establecer puentes de diálogo que hoy ven su fruto», y añadió que el acuerdo «es satisfactorio para todas las partes».
En cuestión de días el acuerdo anunciado ayer se plasmará con la firma de las partes implicadas.
Las primeras nueve trabajadoras empezarán a trabajar en las «escoletes» infantiles el próximo mes de febrero, y el resto cuando empiece el curso escolar 2015-2016. Los salarios dejados de percibir se abonarán en un 18 % el próximo mes de diciembre y el resto antes del 10 de enero.
