Los ciudadanos de Gandia tendrán que seguir pagando un extra en la tarifa del agua, que ya vienen abonando desde hace diez años, para seguir financiando la inversión que se llevó a cabo en el año 2004 en la construcción de dos plantas potabilizadoras que permiten inyectar en la red un líquido de mucha calidad.
Esas dos plantas, denominadas de Falconera y de l'Ull de Bou, realizan un proceso de desnitrificación que elimina una gran parte de los nitratos disueltos y reducen otras sales que, a la larga, pueden no ser beneficiosas para la salud.
Aquella actuación, auspiciada por el Ayuntamiento de Gandia y la empresa Aguas de Valencia, fue muy aplaudida y respaldada por toda la Corporación municipal en el año 2004, y costó cerca de 16 millones de euros. Con esa actuación se acabó con el problema del exceso de nitratos disueltos que tienen la mayor parte de las aguas subterráneas de la comarca de la Safor.
El dinero de las obras, como es obvio, tenían que pagarlo los ciudadanos, y fue mediante la imposición de una tarifa extra que se añadía al recibo bimensual del agua potable. Se trata del 40 % del total, que en una familia con un consumo de 50 euros cada dos meses supone 20 euros. Es decir, sin esa tarifa, el coste se quedaría en 30 euros.
El caso es que, en 2004, el ayuntamiento y la empresa suministradora consideraron que la inversión de 16 millones se amortizaría en un periodo de 10 años, de manera que este mes de noviembre de 2014 tendría que haberse finiquitado el «extra» en el recibo, con la consiguiente reducción en un 40 % el precio del agua potable en Gandia.
Pero eso no se va a producir. La crisis económica y la reducción en el número de habitantes de Gandia ha generado un descenso en el consumo global de agua potable que ha impedido alcanzar los números para la financiación de las instalaciones que se construyeron en su día.
Por ese motivo, y según pudo confirmar ayer Levante-EMV, Aguas de Valencia ya ha solicitado una prórroga para mantener ese suplemento en la tarifa hasta que se alcance el total de la inversión realizada en las plantas potabilizadoras.
El Gobierno local está ahora estudiando esa petición, pero la decisión definitiva la tiene la Comisión de Precios de la Generalitat, que fija las tarifas del agua potable en los municipios en arreglo a las condiciones particulares en cada uno de ellos.
