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La empresa pública del Ayuntamiento de Gandia alcanzó los 104 trabajadores en el mes de julio

El PSPV critica el alto nivel de «enchufismo» y el PP responde que era por necesidades del verano

La empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), de la que es socio único el Ayuntamiento de Gandia, alcanzó el pasado mes de julio la cifra de 104 trabajadores. Lo reveló ayer el concejal socialista Vicent Mascarell después de haber obtenido los datos de la Seguridad Social.

IPG, que está en proceso de liquidación, según anunció el alcalde de la ciudad, sigue así gestionando gran cantidad de acciones del Gobierno local del PP. Según los mismos datos oficiales, en ese mes de julio IPG abonó más de 140.000 euros en salarios.

Con esa información los socialistas, que aseguran que IPG emplea ahora a muchas más personas que en la anterior legislatura, han solicitado al PP que aclare qué procesos de selección se han seguido para contratar a las 104 personas, dado que, como también han denunciado en muchas ocasiones, sospechan que la empresa pública es «un nido de enchufados» que, en su opinión, permite colocar a personas más o menos afines al Partido Popular.

En eso el PSPV-PSOE coincide con el otro grupo de la oposición, Bloc-Compromís, que también ha solicitado en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, un desglose del número de empleados que trabajan o han trabajado para la empresa pública del ayuntamiento.

Ante la información revelada ayer por el PSPV, el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, respondió señalando que el elevado número de trabajadores de IPG en julio se debió a necesidades logísticas del verano.

Ahora ya son 39 trabajadores

Torró, acompañado por el vicepresidente de IPG, Javier Reig, indicó que englobados en esos 104 trabajadores cuyos sueldos costaron 140.000 euros figuran el personal que se hizo cargo del mantenimiento de la playa apta para perros, el servicio de información nocturno de la playa, la ludoteca o el grupo que colaboró en evitar el botellón y el exceso de ruido durante las noches. A estos se suman los de la ORA, la grúa municipal, l'Urbanet, instalaciones deportivas que gestiona la empresa pública o el servicio de SaforBici.

Según Torró y Reig, pasado el verano la empresa ha vuelto a la «normalidad» y dispone de 39 trabajadores, dos de ellos fijos y el resto temporales. La primera autoridad local también insistió que ese número es «muchísimo menor» que el conjunto de trabajadores que tenían el conjunto de las empresas públicas municipales durante la anterior legislatura.

Torró también respondió a las críticas del PSPV de que varios empleados de IPG están cobrando más de tres mil euros al mes, y reveló que el gerente de esta empresa pública durante el mandato socialista, Andreu Ferrer, contaba con una nómina fija de seis mil euros y que muchos de los contratos de otros trabajadores estaban «blindados».

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