El PP también votó la retasación ilegal en Beniopa-Passeig que le costará 1,1 millones al Ayuntamiento de Gandia

El acuerdo de pleno que, en abril de 2007, aprobó una retasación de los costes de la urbanización Beniopa-Passeig de Gandia y que, en parte, ha sido anulado por sentencia judicial no fue solo responsabilidad del PSPV-PSOE, sino de toda la Corporación municipal de aquel momento.

La sentencia, de la que el sábado pasado daba cuenta Levante-EMV, obliga al ayuntamiento a devolver 1,1 millones de euros a los propietarios de ese sector, cifra a la que se deberán sumar los intereses desde el año 2009.

Al informar de la resolución judicial el concejal de Urbanismo, Toni Abad, y el coordinador de Asuntos de Alcaldía, Javier Reig, responsabilizaban en exclusiva al PSOE, atribuyéndole la «sonora pifia» que ahora obliga a desembolsar una gran suma de dinero.

Según pudo saber ayer este periódico, tanto Abad como Reig olvidaron señalar que la retasación de los gastos de aquella urbanización fue aprobada con los votos del entonces alcalde, José Manuel Orengo, y el resto de los 25 concejales de la corporación. Es decir, también del grupo del PP.

Es más, según consta en el acta de aquella sesión, la petición de la empresa Aprusa para cargar «gastos imprevistos» a la urbanización Beniopa-Passeig fue tomada «sin debate y por unanimidad». Nadie, por lo tanto, siquiera sugirió en aquel pleno que se podía estar cometiendo una ilegalidad cuyas consecuencias se van a tener que pagar ahora con el desembolso de 1,1 millones de euros más los intereses.

Según consta en la sentencia, el ayuntamiento aprobó esa retasación de costas por varios motivos, dos de los cuales fueron rechazados por los jueces. En primer lugar, se alegó que debía financiarse con cargo a los propietarios la instalación de la línea eléctrica de media tensión para garantizar el suministro a toda la zona y, en segundo lugar, costear el nuevo trazado de la carretera de Barx, que discurre por el límite de la urbanización.

En los dos casos los jueces estimaron que no podía tratarse de gastos «imprevistos», sino justamente lo contrario, que debieron incluirse en el proyecto urbanístico inicial, cuyas obras se adjudicaron a Aprusa en junio de 2002.

Los propietarios que presentaron este recurso contencioso administrativo al sentirse perjudicados por la retasación de costes de la urbanización también llamaron la atención de que ese considerable incremento de la inversión fuera comunicada por la empresa apenas tres meses antes de que finalizara el plazo de ejecución de los trabajos.

Relación empresa-políticos

En otro momento de la demanda los propietarios que optaron por recurrir a la vía judicial sugieren a los jueces que podría existir una cierta connivencia entre la empresa urbanizadora, los políticos que aprobaron la retasación de los costes y algunos técnicos del Ayuntamiento de Gandia. En la sentencia, sin embargo, ni siquiera se hace referencia a ello y los magistrados se limitan a señalar que el incremento de los costes para financiar la nueva carretera y la línea eléctrica de media tensión eran perfectamente previsibles y que debieron contemplarse en el proyecto inicial de Beniopa-Passeig.

Suscríbete para seguir leyendo