«Era, o ocupar la vivienda, o quedarnos a dormir en la calle con los cuatro niños»

Tras una vieja puerta de madera, algo desvencijada, aguarda una casa cuyo aspecto es muy distinto del que podría parecer solo mirando la fachada. El suelo, recién puesto, está reluciente, una pequeña mesa con cuatro sillas bien ordenadas presiden un gran salón-comedor muy limpio con un sofá de dos plazas al fondo. Completa la estancia un mueble con varias estanterías en las que hay, bien ordenados, varios compactos musicales. Una pequeña chimenea preside la cocina para combatir el frío de estas últimas jornadas.

Su aspecto dista mucho del que se encontraron Antonio y Juana, un joven matrimonio de Gandia, cuando la ocuparon hace ahora aproximadamente un año. Con cuatro hijos pequeños, de 7, 6, 4 y 2 años, se vieron en la calle al no poder seguir pagando el alquiler de su piso en el distrito de Raval. Tenían que elegir entre dormir al raso o buscar una solución que sabían que les traería problemas pero, como aseguran, «era una necesidad».

Conocían de la existencia de esa casa vacía en Beniopa, abrieron la puerta, cambiaron la cerradura y se pusieron a vivir. Con sus propias manos y pocos recursos económicos han ido rehabilitándola. «Con la ayuda de mi padre hemos puesto el suelo nuevo, arreglado las goteras, construido la chimenea, adecentado la cocina y pintado las paredes», explica Antonio que, a sus 28 años, se encuentra ahora mismo de baja por enfermedad.

Reconocen que han cometido una ilegalidad y, de hecho, deberán responder ante la justicia por ello. «Con cuatro niños pequeños, no teníamos más remedio porque era hacer esto o quedarnos en la calle», aseguran.

Están dispuestos a pagarle a la entidad bancaria propietaria del inmueble un pequeño alquiler pero no han logrado contactar con ella. Sus ingresos no superan los 500 euros y, según sus cálculos, no podrían hacer frente a un arrendamiento superior a los 80 euros más los gastos propios de la vivienda.

No tienen deudas. Compraron un piso que vendieron por mucho menos de lo que les costó cuando vieron que no podían pagar la hipoteca. «Luego nos quedó un préstamo que fuimos abonando poco a poco hasta liquidarlo», explica Juana. Posteriormente alquilaron un piso y cuando vieron que no podían hacer frente a las mensualidades se fueron.

Por la ocupación de la casa de Beniopa han estado en comisaría. Una tarde al llegar a la vivienda, una vecina les informó de que unos agentes habían estado llamando a la puerta esa misma mañana pero el matrimonio no se encontraba en la casa. «En cuanto me lo dijo la mujer yo mismo me fuí a la comisaría a preguntar qué querían pero los que estaban allí me dijeron que no sabían nada y que ya volverían». A la mañana siguiente, a sabiendas que tampoco estarían en casa, dejó un teléfono escrito en la puerta por si los agentes regresaban y querían ponerse en contacto con él. «Me llamaron y nos dijeron que fuéramos a la comisaría». Allí ya les explicaron que el propietario de la vivienda les había denunciado y, por tanto, se iniciaba un proceso penal contra ellos.

El 27 de enero se enfrentarán a un juicio en el que, además de la condena, (seguramente trabajos en beneficio de la comunidad), se verán obligados a abandonar la vivienda.

En todo el proceso están contando con la ayuda de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Safor. Por mediación de sus miembros han mantenido reuniones con miembros del ayuntamiento en busca de una salida para Antonio y Juana. Desde la PAH critican que hace ya varios años que están los primeros en la lista de espera para recibir una vivienda social municipal pero, de momento, siguen sin tenerla. Además, «la semana pasada nos reunimos con Javier Reig y nos dijo que iba a solucionar el problema en breve pero no nos han respondido», apuntan desde la plataforma.

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