Una sentencia obliga al PP a revelar quién trabaja en la empresa pública del Ayuntamiento de Gandia

Los tribunales de justicia han vuelto a dar la razón al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Gandia en su batalla por sacar información sobre la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), considerada por la oposición como «un instrumento opaco» para llevar a cabo actuaciones municipales y «enchufar» a personas afines al PP sin el control de los órganos municipales.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia ha sentenciado que el gobierno local del PP no puede escudarse en la Ley de Protección de Datos y está obligado a entregar al PSPV-PSOE la relación, con nombres y apellidos, de quiénes trabajan en IPG.

En esta resolución se condena al ayuntamiento por haber vulnerado derechos fundamentales del concejal socialista Vicent Mascarell, que fue quien pidió, y no logró, los nombres de las personas que han sido contratadas en IPG bajo el mandato del PP.

En concreto fue el pasado mes de marzo cuando Mascarell solicitó los documentos al sospechar que IPG era «un nido de enchufados del PP». Al no hallar respuesta, optó por la vía judicial, que le ha amparado plenamente.

Información que no es reservada

La sentencia deja claro que los nombres de las personas que trabajan en IPG «no puede considerarse que sean completamente reservados», desmontando así el argumento del PP, ya que, añaden los jueces, «se trata de empleados públicos cuyas retribuciones se integran en el presupuesto municipal a través de la empresa IPG y que, a la postre, no es más que una forma lícita distinta de prestar el mismo servicio público».

Este último párrafo también es revelador porque, en distintas sentencias, los jueces valencianos ya han dejado claro que las empresas participadas por los ayuntamientos o el resto de administraciones son mercantiles que deben considerarse públicas y, por lo tanto, sometidas al control de los representantes elegidos por los ciudadanos.

El concejal Vicent Mascarell compareció ayer para dar a conocer esta sentencia y para exigir al Gobierno local que la cumpla. Mascarell anunció que si en diez días no dispone de la relación de trabajadores y del proceso de selección que se siguió para contratarlos adoptará nuevas medidas judiciales, dando a entender que en este caso sería por la vía penal, es decir, acusando de delito a los responsables municipales que vuelvan a impedir el derecho fundamental a disponer de los datos que han sido solicitados.

«Opacidad aliada de la corrupción»

Al dar a conocer la sentencia, el portavoz socialista dijo que «la opacidad es la mejor aliada de la corrupción, y solo aquellos que tienen algo que esconder ocultan información». En este sentido, Mascarell indicó que la acción del Gobierno local del PP se ha caracterizado durante la presente legislatura por su «opacidad, despilfarro y nepotismo».

El concejal socialista también recordó que hace un año un juez ya condenó al Ayuntamiento de Gandia por infringir el derecho constitucional del acceso a la información y la participación en los asuntos públicos de los concejales de la oposición. El aquella ocasión el Gobierno local del PP fue condenado a facilitar las facturas de IPG del año 2011, y en los tribunales están pendientes de resolución otra demanda para acceder a las facturas de IPG del año 2013 y a las que Gandia pagó a empresas relacionadas con la trama de corrupción conocida como 'Operación púnica'.

Suscríbete para seguir leyendo