Torró se querella contra la candidata del PSOE por «falsedad» en el censo electoral

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, presentará hoy en los juzgados de esta ciudad una querella contra la concejala y candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía en las elecciones del próximo mes de mayo, Diana Morant, al considerarla responsable de tolerar un delito de «falsedad documental» y «fraude electoral» que habrían cometido personas de su partido al animar y ayudar a inmigrantes de la ciudad a inscribirse para ejercer su derecho al voto.

Torró señaló que tiene datos que avalan que concejales socialistas han falsificado firmas y han cometido «fraude». Un informe del secretario señala que se han producido «incidencias», como multitud de impresos rellenados por una misma persona, diferencias en la firma de los solicitantes respecto a la que figura en sus documentos de identidad, fotografías de los inmigrantes o copias de documentos absolutamente negras o ilegibles y ausencia de firma o sellos de validación.

El alcalde del PP también señala que los funcionarios que tramitaron esas peticiones para inscribirse en el censo electoral no han verificado si estaban empadronados en Gandia y que tampoco acudieron presencialmente a las oficinas para formalizar ese trámite, sino que fueron concejales socialistas los que llevaron las carpetas al ayuntamiento.

Todo constituye, según Torró, «el mayor fraude en la búsqueda de votos de la historia de la ciudad», apuntó directamente al PSPV-PSOE y concluyó que es un tema «que no podíamos dejar pasar», por lo que han decidido querellarse contra Morant en calidad de líder del partido.

El alcalde del PP, sin embargo, se quedará exclusivamente en la denuncia política, dado que, al ser preguntado por ello, rechazó abrir un expediente informativo en el ayuntamiento para determinar si los funcionarios que participaron en ese procedimiento pudieron hacer la vista gorda, dado que son ellos quienes deben dar fe de que se cumple la ley al tramitar los documentos.

Toda la información de que dispone el ayuntamiento ha sido remitida al Instituto Nacional de Estadística (INE) que es, en última instancia, el que tiene que completar el proceso para que los inmigrantes que han solicitado inscribirse en el censo electoral puedan votar, previa verificación de que todo se ha hecho con arreglo a la ley.

«Preguntamos en Alcaldía»

Fue la persona que tramitó las inscripciones en el censo electoral, Liduvina Gil, quien respondió a las acusaciones del alcalde. La concejala socialista negó fraudes, ilegalidades o engaños. Explicó que fue ella quien rellenó muchos de los impresos, pero siempre «con el consentimiento» y con la firma de los inmigrantes a quienes se dirigió la campaña para que ejercieran su derecho al voto.

Gil dice que las firmas son de los titulares cuyos datos figuran en los impresos y que no es necesaria la presencia de los interesados para formalizar la petición. «Lo pregunté en el Gabinete de Alcaldía y así me lo dijeron», señala la concejala socialista, quien recordó que, en cualquier caso, el ayuntamiento o el INE pueden solicitar las aclaraciones que estimen oportunas o la validación de documentos que son ilegibles como paso previo a la inscripción en el censo.

Respecto a que se llevaran las peticiones en grupo, con un número total aproximado de 180, Gil aseguró que también lo ha hecho el PP con inmigrantes a quienes se les ha gestionado la inscripción, pero el PP lo negó.

La concejala socialista concluyó que el INE dirá si todo se ha hecho correctamente y que ayuntamiento «tiene la obligación» de tramitar las peticiones de alta en el censo electoral. «Si no lo hace, lo denunciaremos, porque lo que quiere Torró es que solo voten inmigrantes que apoyan al PP».

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