Intersindical fuerza a Torró a aclarar cómo se registran los inmigrantes para poder votar

El Sindicat de Treballadors de l'Administració i Serveis Públics (STAS-Intersindical), que acaba de estrenarse en el Ayuntamiento de Gandia, ha forzado al alcalde de la ciudad, Arturo Torró, a convocar una reunión para que se aclare el proceso seguido en el ayuntamiento con las peticiones de ciudadanos extranjeros que quieren inscribirse en el censo y votar en las próximas elecciones municipales de mayo.

Intersindical presentó ayer varios escritos dirigidos al alcalde en los que, entre otros aspectos, le reprochan que «responsables políticos de la corporación» hayan «interrogado, por decirlo suavemente», a funcionarios municipales a raíz de la polémica que se ha desatado por las posibles irregularidades que se han denunciado en la inscripción de extranjeros en el censo electoral. Frente a esos «interrogatorios», Intersindical exige saber «de qué se acusa a los funcionarios» y que se diga «qué han hecho mal», pero siempre asistidos por los representantes sindicales para garantizar sus derechos.

Josep Miquel Moya, representante del sindicato, solicita información documental sobre el procedimiento de inscripción de extranjeros en el censo, así como la apertura de un expediente informativo, «instruido por un funcionario», que permita aclarar los interrogantes más allá del rifirrafe político que este hecho ha generado entre el PP y el PSOE.

Fuentes de Intersindical señalaron en la tarde de ayer a este periódico que, entre otros aspectos, se pretende determinar si los inmigrantes que quieren votar deben realizar esa petición necesariamente de forma presencial o si, por el contrario, es suficiente firmar el formulario y aportar la fotocopia de sus documentos de identidad.

En representación de Intersindical, el exconcejal Josep Miquel Moya consiguió de Arturo Torró lo que los grupos políticos municipales de la oposición difícilmente logran a la primera y, a mediodía, el alcalde anunció la apertura de ese expediente informativo, que, como le pidió Moya, será instruido por un funcionario, y no por un político, para garantizar la imparcialidad.

Paralelamente a esa investigación del ayuntamiento, grupos de ciudadanos de Perú, Bolivia y Ecuador empezaron a movilizarse ayer ante representantes de sus respectivas legaciones diplomáticas en España para aclarar por qué han quedado excluidos del censo electoral y si el Ayuntamiento de Gandia actuó correctamente para garantizar su derecho a votar en la elección de la próxima corporación municipal.

Algunos de estos ciudadanos acudieron a los consultados en Valencia, y, a su regreso, señalaron que las autoridades de sus países se interesarán por lo ocurrido y, si es necesario, no descartan solicitar información al Instituto Nacional de Estadística (INE) u otras administraciones. En el caso de que detecten que ha habido irregularidades en el funcionamiento de la Administración, los ciudadanos extranjeros podrían incluso recibir asesoramiento jurídico para que se garantice su derecho al voto.

En el ámbito de los partidos, ayer el alcalde de Gandia, Arturo Torró, volvió a culpar al PSOE, y más en concreto a la candidata a la alcaldía, Diana Morant, de ser la responsable de que 174 ciudadanos extranjeros «se hayan quedado sin poder votar».

Le respondió la concejala socialista Liduvina Gil, quien insistió en que, al margen de que se haya cometido algún error, el ayuntamiento debió tramitar las peticiones al INE, y aún confía en que este organismo aproveche el periodo de reclamaciones e inscriba a los que quieran votar.

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