El juez unifica las querellas del PSOE y UGT contra el alcalde por las «escoletes»
El hecho coincide con la inminente retirada de la demanda del sindicato al haberse cumplido la sentencia

El juez unifica las querellas del PSOE y UGT contra el alcalde por las «escoletes»
s. s. gandia
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Gandia ha decidido unificar en una sola causa las dos querellas, presentadas por el PSPV-PSOE y UGT, contra el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, al que acusan de desobediencia a las resoluciones judiciales, entre otros delitos.
Las querellas se formularon cuando los socialistas y las trabajadoras de la red municipal de «escoletes» consideraron que el alcalde y otros miembros del Gobierno local estaban incumpliendo resoluciones judiciales firmes, especialmente la sentencia que obligaba a reincorporar a las trabajadoras a sus puestos de trabajo y a percibir todos los salarios dejados de cobrar durante cerca de dos años. El montante total que eso le ha costado el ayuntamiento supera largamente el millón de euros, y se deriva del despido ilegal de las trabajadoras que se produjo en julio de 2012.
La unificación de las dos querellas en una sola instrucción ha coincidido en el tiempo con el anuncio por parte del sindicato UGT de que va a retirar la demanda que presentó en nombre de las trabajadoras. Justamente la tarde del pasado martes las trabajadoras, los representantes de UGT y el concejal de Hacienda de Gandia, Guillermo Barber, firmaron el acuerdo mediante el cual las educadoras se van a incorporar, paulatinamente, a sus puestos en las guarderías de Gandia y a percibir todos los salarios atrasados.
En ese acuerdo figura la retirada de la querella contra el alcalde y los otros miembros del Gobierno local por desobediencia.
La incógnita que se abre ahora es qué hará la juez si, como se ha anunciado, UGT notifica que retira su demanda penal contra el alcalde. Una posibilidad es que siga adelante con instrucciones a partir de la querella del PSPV-PSOE, que la mantendrá por considerar que el alcalde ha delinquido. La otra es que opte por el archivo argumentando, como sostienen miembros del Gobierno local, que las únicas personas legitimadas para actuar penalmente contra el alcalde son las educadoras que han sufrido en sus carnes durante mucho tiempo el incumplimiento de las resoluciones judiciales dictada a su favor.
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