El juzgado de instrucción número 3 de Gandia ha abierto una investigación para aclarar si el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, ha podido cometer un delito de prevaricación al haber transferido al menos diez millones de euros del ayuntamiento a la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), con informes técnicos que advertían de la ilegalidad de esos decretos.
Los hechos que se están investigando se conocieron en septiembre del año pasado cuando el Grupo Socialista reveló un decreto mediante el que el alcalde transfería a IPG 3,5 millones de euros a devolver el 5 de mayo de 2015.
En esa acción el alcalde no tuvo en cuenta el contenido de los informes técnicos emitidos por el interventor general del ayuntamiento, el titular de la asesoría jurídica y el tesorero municipal. El secretario de la corporación advirtió a Torró y al gerente de IPG, Gonzalo Morant, «de forma previa, expresa y reiterada», «la improcedencia jurídica» de esa operación, pese a lo cual la primera autoridad local siguió adelante.
Con posterioridad, los socialistas tuvieron conocimiento de otros decretos similares que elevaban a diez millones de euros el montante de las transferencias de las arcas municipales a la empresa IPG, razón por la que interpusieron una denuncia al considerar que se podían estar cometiendo delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos.
El juez, analizada la denuncia, ha decidido instruir diligencias previas, lo que en sentido jurídico significa iniciar una investigación, al considerar que se puede haber cometido uno de esos delitos, concretamente el de prevaricación, es decir, autorizar actos a sabiendas de que son ilegales.
Vicent Mascarell, que presentó la denuncia en el juzgado, dijo ayer que «nos personaremos en este proceso al evidenciar que la ruina económica y el despilfarro tienen un nombre y le exigiremos a la juez que se dilucide las responsabilidades penales pertinentes». El Gobierno local del PP, en cambio, dijo que el PSOE había lanzado una información «malintencionada» porque «en ningún caso el juez investiga al alcalde de Gandia. Esta investigación que da por hecha el PSOE no existe, pues no hay respuesta del juez ni tampoco existe citación de ningún tipo».
