Un juzgado de Gandia ha rechazado la petición del Gobierno local del PP para dejar en suspenso un procedimiento judicial abierto por el Banco de Sabadell para cobrar un préstamo de casi cinco millones de euros que, como tantos otros, el Ayuntamiento de Gandia dejó de pagar a partir de septiembre de 2012 por orden del alcalde de la ciudad, Arturo Torró.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el abogado del ayuntamiento trató de paralizar la demanda del banco argumentando que el consistorio ha denunciado por la vía penal al exalcalde socialista, José Manuel Orengo, por considerar que cometió delito cuando firmó ese y otros créditos bancarios sin la autorización de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat. Orengo siempre ha defendido que la firma de los créditos se hizo bajo el paraguas del «silencio administrativo» es decir, porque la Generalitat no contestaba a sus peticiones para financiar obras del municipio, pero Arturo Torró cree, y de momento el juez ya ha abierto proceso, que ese «silencio administrativo» suponía la imposibilidad de formalizar los créditos.
A negarse el ayuntamiento a devolver el dinero, varios bancos fueron al juez para exigir al ayuntamiento que cumpla con su obligación.
Lo que no se ha sabido hasta ahora es que el Gobierno local del PP interpuso un «incidente de prejudicialidad penal». Es decir, a través de sus abogados intentó suspender momentáneamente el procedimiento de la demanda del Banco de Sabadell hasta que otro tribunal determinara si Orengo cometió delito y eso lleva a concluir que los créditos firmados en su día fueron ilegales.
El argumento, sin embargo, no ha colado. El juez que lleva la demanda del banco señala al Ayuntamiento de Gandia que los representantes de esa entidad financiera «no están imputados en ningún proceso» y que, por lo tanto, la firma del crédito debe interpretarse como legal, al margen de que alguien, en el ayuntamiento, cometiera irregularidades o ilegalidades, cuestión que tendrá que dirimir el proceso penal que Arturo Torró interpuso contra José Manuel Orengo y quien fuera su concejala de Hacienda, Ana García.
De ocurrir igual en el resto de demandas de los bancos a quienes el ayuntamiento dejó de pagar, entre los que destaca Bankia, en breve podría sucederse una cascada de sentencias que, si son desfavorables al consistorio, obligarán a devolver de decenas de millones de euros a un ayuntamiento que ya está en quiebra económica.
