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Lugares comunes

El rescate del espacio público audiovisual local

El rescate del espacio público audiovisual local

Aunque pueda parecer un asunto no demasiado urgente, sobre todo para un consistorio arruinado, una de las tareas políticas más apremiantes derivadas del nuevo pacto político consiste en la reconstrucción pública del espacio audiovisual local.

Durante cuatro años el seguidismo de una parte considerable de medios locales hacia el PP de Torró ha sido un tema tabú que ha humillado a la ciudad ante sí misma, degradándola democráticamente (porque es obvio que esa arbitrariedad mediática ha influido en la construcción de cierta mentalidad social y en sus secuelas electorales), hasta el punto de que recomponer el escenario audiovisual, en lo que legítimamente compete al nuevo gobierno, se impone como una necesidad de higiene pública.

La otra opción es dejar, de nuevo, el relato audiovisual de lo público exclusivamente en manos de quienes, tras reducirlo a la mínima expresión de sus intereses privados, lo han falseado a conciencia mientras se beneficiaban de partidas públicas millonarias.

Es cierto que una mínima dignidad profesional en consonancia con los derechos de los ciudadanos nos habría ahorrado hoy el carácter urgente de esa restitución, pero no hemos tenido suerte. La manipulación informativa y el derroche económico en plena crisis han sido de tal magnitud que sólo pueden calificarse de pasmosos, si es que ese adjetivo todavía desprende algún significado en una ciudad que ha medido institucionalmente sus categorías éticas, estéticas y políticas a partir de la escala de valores de «Gandia Shore».

Cuando se justifica cierto feísmo institucional, la ética profesional, la deontología, siempre es la primera víctima. Por eso hemos soportado durante la mayoría absoluta del PP medios audiovisuales de una parcialidad delirante, inasequible al escrutinio de la oposición.

Los entes públicos -radios y televisiones- no son instrumentos perfectos o ideales, cierto, pero su origen político no puede ser la coartada legitimadora de su extinción bajo el supuesto de que la iniciativa privada los representa con iguales o más garantías de pluralidad y equidad informativas. Como hemos visto, la experiencia indica justamente lo contrario. En ese sentido, bastará recordar que el sectarismo partidista no sólo liquidó a la vez la televisión pública local y los derechos de la audiencia, en favor de correveidiles, sino que, hasta ahora, ha impedido cualquier atisbo de opinión crítica al respecto, sencillamente porque plantearla, antes del 13 de junio, era una tentativa condenada al fracaso.

Vivimos -también en Gandia- en democracias catódicas (o audiovisuales) y los representantes consistoriales tienen el derecho -y el deber- de dotarse de un mínimo de herramientas comunicativas que nos encarnen colectivamente por encima de eventuales estrategias privadas excluyentes. No estamos, pues, ante una cuestión de oportunismos partidistas fruto de la alternancia, ni ante una inversión prescindible en la actual coyuntura económica sino ante la necesidad objetiva de recobrar un derecho ciudadano a través de un ejercicio pedagógico que necesariamente ha de cristalizar en el ámbito audiovisual.

De ese rescate han de ocuparse los partidos políticos de Gandia que optaron por el cambio en nombre del regeneracionismo y la decencia, porque, entre otras cosas, también en el espacio público audiovisual gandiense hay muchas puertas y ventanas que abrir para que corra el aire.

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