La empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), ha facturado en los últimos años 880.000 euros por trabajos a la firma gandiense Construcciones Gomuñoz, una de las que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la presunta trama corrupta del llamado 'caso Púnica'.

Como informó Levante-EMV hace unos días, la Guardia Civil requisó el pasado 9 de junio contratos y documentos firmados por el Ayuntamiento de Gandia con esta mercantil, pero ahora el nuevo Gobierno local ha revelado que en IPG había otros contratos que suman la cantidad de 880.000 euros. Para la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el exalcalde del PP, Arturo Torró, intentó «ocultar» esos contratos tanto a la Guardia Civil como al juez Velasco.

Ante el hallazgo de estos contratos, el nuevo Gobierno local ha decidido recopilar la documentación y remitirla a la Audiencia Nacional, por si sirve para aclarar la trama presuntamente corrupta que salpica a numerosos cargos públicos, la mayoría del PP, pero también de otros partidos, entre ellos el PSOE.

Además, el Ayuntamiento de Gandia, gestionado ahora por el PSPV y Més Gandia, ha decidido personarse en la causa judicial al considerarse una entidad perjudicada.

Al margen de los trabajos a IPG, la empresa gandiense de construcciones también realizó proyectos adjudicados por el Gobierno de Arturo Torró mediante procesos poco transparentes a través del Ayuntamiento de Gandia. Esos contratos, tres en total que superan el medio millón de euros, son la ampliación del Centro Social de Marenys de Rafalcaid, la mejora del centro de mayores de la plaza del Prado y un proyecto de infraestructura en la urbanización Molló de Marxuquera. Este último, sin embargo, no llegó a ejecutarse y, por lo tanto, el ayuntamiento no lo ha pagado.

Ante las acusaciones de la alcaldesa de Gandia, su antecesor, Arturo Torró, negó ayer tajantemente que ocultara información y documentos a la Guardia Civil. Según Torró, los agentes que acudieron al ayuntamiento no le pidieron ningún tipo de informes o contratos, sino que la orden fue que pusiera a su cargo a los funcionarios municipales que requirieron para que les entregaran cuanto pidieran. «Así se hizo», indicó Torró, que, como también publicó este periódico, declaró en la comandancia de la Guardia Civil por los contratos sospechosos que firmó.