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Un empleado a De Pedro: «La empresa le está haciendo un favor al Ayuntamiento»

Las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil constatan que un trabajador del presunto cabecilla de la trama valenciana acordó con un empresario local el pago de 2.600 euros al mes de una deuda de 15.000 del PP de Gandia

2.600 euros al mes en facturas ficticias y por conceptos de publicidad. Ese es el presunto trato al que Javier Bueno, en nombre de Alejandro De Pedro, llegó con un empresario de Gandia que se comprometió a pagar una deuda de 15.000 euros que el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP y presidido por Arturo Torró, había contraído con el supuesto cabecilla de la trama Púnica por trabajos de posicionamiento en internet.

El primer pago debía haberse realizado, según el sumario al que ha tenido acceso este periódico, en noviembre de 2014 pero no llegó a consumarse porque los presuntos implicados fueron detenidos a finales del mes de octubre.

Así lo confirman las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil a Alejandro De Pedro en octubre de 2014 que forman parte del sumario del caso y a las que ha tenido acceso este periódico.

Al contrario de lo que defiende Torró, presidente del PP gandiense, en las llamadas se habla en todo momento de operaciones que tienen que ver con el Ayuntamiento y no nombra nunca al partido. El exalcalde, sin embargo, insistió ayer en que se trataba de una cuestión exclusivamente de la formación popular y que se nombra a la institución municipal «por error».

En uno de los pasajes, Javier Bueno llega a explicarle a De Pedro, sin embargo, que la mercantil gandiense asume el pago de la deuda «como un favor que le hace al Ayuntamiento». Cabe recordar, y así lo señala la propia Guardia Civil en su atestado, que esa misma empresa facturó durante los cuatro años del PP al frente del consistorio gandiense, cerca de un millón de euros, casi todos a través de contratos adjudicados sin concurso público.

Del extracto de las llamadas se confirma todo lo que los detenidos contaron a la Guardia Civil. Una persona próxima al PP puso en contacto a De Pedro con el constructor local. Ambos cierran una cita que se produce varios días después en la sede de la mercantil, en Gandia. Acude Javier Bueno, empleado de De Pedro, y, presuntamente, y siempre según lo que se desprende de las comunicaciones telefónicas, cierran la operación.

Los actores en el montaje de este sistema de pagos irregulares son cuatro. Dionisio Ollero, de la Ejecutiva del PP de Gandia, Alejandro De Pedro, Javier Bueno, empleado de este y el empresario de Gandia.

Es Ollero quien primero se pone en contacto con De Pedro. Era el 8 de octubre de 2014. El dirigente popular le dice al presunto cabecilla de la rama valenciana de Púnica que se comunica con él «de parte de Víctor Soler».

No se conocen pero Ollero le dice que «te voy a dar un número de teléfono. Te pones en contacto con él para lo que tú ya sabes». Le dicta las cifras y el nombre de la persona con la que tiene que hablar, Sergio. Le insiste en que se ponga en contacto con él «que él ya lo sabe».

El 13 de octubre de 2014. Alejandro de Pedro llama otra vez a Sergio. En este caso le apunta que lo hace «de parte de Víctor Soler y Arturo Torró». En esa conversación le dice que no puede ir a la cita y que lo hará su trabajador, Javier Bueno.

Detenidos diez días después

El encuentro entre Bueno y el empresario gandiense, Sergio, se produce el 15 de octubre.

Tras ello, Bueno llama a De Pedro y le explica la reunión y el acuerdo al que ha llegado con el constructor gandiense. Le dice que los pagos se realizarán «a mes vencido» a partir de noviembre.

Diez días después de aquella reunión son detenidos Alejandro de Pedro y Javier Bueno. Lógicamente, no llega a realizarse ningún pago por parte de la empresa.

Arturo Torró no tuvo problema ayer en reconocer que «lo que se dice ahí -en el sumario- es lo que fue». Sin embargo, añade que «no se consumó nada, no hay contratos ni facturas y por eso no estamos imputados». Dijo que fue una opción «que se descartó» por parte del partido, sin entrar a valorar más detalles. Insistió en que a él no se le nombra ni aparece en ningún momento durante las conversaciones recabadas. El juez que investiga el caso, Eloy Velasco, no ha imputado ni a él ni a Soler.

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