El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gandia ha denunciado hoy que la empresa pública Gandia Protur SL pagó a una mercantil 795.701 euros por los conciertos de Julio Iglesias y Tom Jones de agosto de 2011, cuando el exalcalde Arturo Torró, del PP, presidía la sociedad pública.
La vicealcaldesa, Lorena Milvaques, y el concejal de Administración, Modernización y Gobierno Abierto, José Manuel Prieto, han afirmado que con la documentación obtenida sobre este contrato destapan "el falso coste 0" de esos conciertos, celebrados los días 14 y 16 de agosto de 2011 en el puerto de Gandía.
El Ayuntamiento firmó, a través de Gandia Protur, un contrato con la mercantil Tiempo Real Entertainment por un valor de 795.701 euros en concepto de gastos de producción, dirección y coordinación de los conciertos.
En ese contrato, facilitado por el equipo de gobierno, se indica que Gandia Protur se encargaría de habilitar el espacio del puerto a los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de los conciertos, de la gestión de las licencias y permisos, de la contratación de los servicios de limpieza del recinto y de la colaboración en la promoción y publicidad de las actuaciones musicales.
Para los portavoces del equipo de gobierno, se trata de "una prueba más de la locura con la que el PP de Gandía gestionaba este ayuntamiento".
Según han manifestado, con esos cerca de 800.000 euros se podrían haber hecho "cosas mucho más interesantes y necesarias" como 7.000 becas de libros por valor de 115 euros.
En cambio, Arturo Torró, han dicho, "decidió tirar este dinero a la basura para contratar a dos artistas".
Según Prieto, el gobierno de Gandia y los ciudadanos son "los que deben pagar el gran agujero" que ha dejado la gestión del PP.
Han añadido que Torró reconoció en 2011 que se regalaron 1.300 entradas para el concierto de Tom Jones cuyo coste oscilaba entre 25 y 95 euros.
El concejal ha mostrado una factura en la que aparece bajo el concepto de catamarán una factura de 3.780 euros. "No queremos pensar que incluso el barco VIP lo pagamos los ciudadanos", ha manifestado Prieto.
"Estamos ante una prueba más de cómo se gestionaban las cosas aquí, y tenemos que decir a los ciudadanos que esas prácticas se han terminado y en la medida de nuestras posibilidades iremos poniendo orden en el Ayuntamiento aunque tengamos que tomar decisiones difíciles", ha afirmado el concejal.
Según indican, han constatado que no existió ningún contrato de patrocinio por estos acontecimientos que supusiera para la empresa pública un ingreso de 300.000 euros.
