El exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia durante el Gobierno del PP, Guillermo Barber, reconoció ayer que, si bien no todo el dinero que se solicitó al ministerio para pagar la deuda a FCC se usó para tal menester, en aquel momento sí que se abonaron facturas atrasadas a la mercantil, al contrario de lo que denunció ayer el Gobierno local de izquierdas. Barber asegura que es «imposible» que se solicitara el dinero solo para FCC porque «Gandia tiene más problemas» y aseguró que «pagábamos religiosamente 500.000 euros al mes para que no dejaran de prestar el servicio».
Muestra de que se abonaba es «que ni hubo huelga ni se cortó ningún suministro», según Barber. El concejal del PP recalca que el dinero «no tenía carácter finalista», pese a que Hacienda era clara al pedir una justificación «con precisión», y que se solicitó en «un momento de tensión presupuestaria». Barber asegura que el sistema de «caja única permitió aligerar la carga y pagar a FCC y otras facturas.
Sobre el dinero transferido a IPG, Barber señaló que «se usó para pagar a proveedores».
Por su parte, el exalcalde, Arturo Torró, cargó contra el interventor y aseguró a este periódico que todo lo escrito en el informe «es falso».
