Trascurridos bastantes años desde la aprobación de la Constitución de 1978 en referéndum cabe hacer un alto en el camino para poner en valor lo conseguido y recordar que, después de 40 años de dictadura sin saber lo que era vivir en libertad y democracia, al amparo de esta Constitución hemos podido situarnos al lado de las democracias europeas y pertenecer al mundo de los países libres. No hay Constitución democrática que no se pueda renovar, reformar y adaptar a su tiempo porque es un valor intrínsico en si mismo. Por ahí parece ser que anda el debate en la sociedad, y sería una torpeza inútil ignorar la necesidad de reforma que precisa el Estado Social, Democrático y de Derecho que consagra la Constitución.
Hemos ingresado en la Unión Europea, vivimos en la globalización de la economía, las nuevas tecnologías han trasformado el mundo, tenemos más compromisos internacionales, y hoy la mayoría de nuestros jóvenes se sienten alejados de aquella Constitución que diseño nuestro mapa territorial en un estado de las Autonomías y la división de poderes, quedando claro que la soberanía nacional reside en el pueblo Español. Pero, hoy en día existen nuevas realidades Sociales, Políticas, Culturales y Económicas que distan mucho de la España del 78. Cada 6 de Diciembre tenemos que reconocer y agradecer que gracias al esfuerzo y sacrificios personales y colectivos de mucha gente echamos andar por el camino de la Democracia cuya puerta abrió esa Constitución, y que a la vez volvió ha reconocer el Autogobierno y las identidades de los pueblos de España.
España necesita readaptar y dimensionar en este tiempo y de cara al futuro su estructura territorial. El actual Estado de las Autonomías es un mapa asimétrico en cuanto a competencias propias y posibilidades de desarrollo del autogobierno e impulso social y económico de los territorios desde la solidaridad e igualdad, es decir, el derecho frente al privilegio. Aun reconociendo que somos uno de los países más descentralizado del mundo, nuestra estructura territorial debe de ir incorporando el federalismo.
El debate de la calle, de la gente de a pie, a mi parecer esta divorciado con la inmovilidad y la constante negación sobre la posible reforma constitucional. Una Constitución que ya ha sido reformada en bastantes artículos, y llama significativamente la atención el cambio del artículo 135 impuesto por el FMI y la Comisión Europea aceptado por PSOE-PP sin debate social, deprisa y corriendo, anteponiendo las razones de deuda y déficit por encima de las políticas sociales y el bienestar de las personas.
La Constitución del 78 se basó en un amplio consenso social y político. Este hecho revela que los cambios tienen que ser precedidos por la participación de la ciudadanía a través del debate público para alcanzar los consensos imprescindibles para articular un nuevo y renovado acuerdo constitucional.
Si en algo se tiene que incidir en el derecho de los ciudadanos a ser tratados por igual, y en donde los derechos sociales y laborales estén garantizados constitucionalmente. Hoy no es así, asistimos a miles de desahucios, la sanidad ha perdido su universalidad, la educación y los servicios sociales no ocupan el lugar preferente, y vemos cada día cómo el «mercado» ocupa espacios propios del Estado.
El derecho al trabajo digno está pisoteado, el derecho a una vivienda digna no existe y las prestaciones sociales de las más bajas de Europa. Hace falta un cambio que alumbre un nuevo marco de convivencia democrática, que asegure y dé cabida a las nuevas realidades sociales y culturales.
Hay que dar las gracias a toda la gente que sé jugo el tipo para que hoy podamos opinar libremente. Muchos sindicalistas se quedaron por el camino y otros muchos fueron encarcelados, su lucha no ha sido en balde. Si tenemos que cambiar las cosas nuestro marco de referencia y de partida debe de seguir siendo la Constitución de 1978.
Ha mi entender no es una cuestión capital en estos momentos el debate sobre el modelo de Estado. Sin embargo sí lo es todo el capítulo y artículos dedicados a los derechos fundamentales de los ciudadanos, a la calidad de nuestra democracia, a las responsabilidades del Estado Democrático, a que el Senado se convierta en una cámara de representación territorial y a que la justicia sea eso, una justicia que no esté alejada de los ciudadanos. Diálogo, debate, negociación y consenso, tres conceptos propios de las democracias avanzadas imprescindibles para tejer de nuevo una Democracia de los ciudadanos basada en un nuevo contrato social.
