El Ayuntamiento de Gandia ha estrenado diciembre volviendo a la legalidad. Suena extraño, pero es así. El Gobierno local del PSPV-PSOE y de la coalición Més Gandia heredó del PP la losa de no haber pagado a los bancos los créditos contraídos, de manera que, como dice la ley, no se podía realizar ningún pago. Como le ocurre a cualquier familia, las obligaciones financieras tienen preferencia sobre cualquier gasto.

Arturo Torró no solucionó ese problema entre septiembre de 2012, cuando ordenó no pagar a los bancos, y el momento en que abandonó la alcaldia. El nuevo Gobierno de Diana Morant y Lorena Milvaques, en cambio, se puso inmediatamente a trabajar sobre eso para no seguir cayendo en la ilegalidad cada vez que firmaban cualquier pago, incluido el de las nóminas a los funcionarios y trabajadores municipales.

Después de cinco meses de negociación dirigida por el coordinador de Hacienda, Salvador Gregori, se ha llegado a un acuerdo con los bancos. Desde ahora se devolverán todos los créditos, lo que significa que las entidades financieras retiran las demandas judiciales que habían interpuesto contra el ayuntamiento y contra la empresa pública IPG que, como es lógico, ya habían desembocado en sentencias judiciales en contra de la Administración local.

Ese acuerdo, además, tiene premio. La alcaldesa Morant, la vicealcaldesa Milvaques y Salvador Gregori anunciaron ayer que todos los bancos, atendiendo «a la buena voluntad» demostrada por el nuevo Gobierno local, han perdonado 9,4 millones de euros en intereses de demora generados desde que Arturo Torró ordenó dejara de pagar. «Ellos», dijo Gregori refiriéndose a los bancos, «han entendido el cambio total de relaciones. Antes no se respetaban los contratos y ahora sí». Además de esos 9,4 millones perdonados, Gandia también se ahorra otros 1,2 millones gracias a la variación, a la baja, de los tipos de interés. De una tacada la Administración liquida 10,6 millones.

Acuerdo con Plan de Ajuste

Todo acuerdo implica esfuerzos a ambas partes, y en la del ayuntamiento está, lógicamente, el compromiso de cumplir con las devoluciones, algo que ha obligado a aprobar el Plan de Ajuste Económico con el visto bueno del Ministerio de Hacienda que supone la subida de impuestos de cara al año próximo. El IBI, el más importante de todos, en un 24 %.

«No sé si somos capaces de transmitir el peso que nos hemos quitado de encima», señaló ayer la alcaldesa, Diana Morant, al indicar que, desde ahora, se levanta la más importante de las ilegalidades que se cometían cuando el ayuntamiento autorizaba un pago.

Paralelamente, el ayuntamiento ordenó ayer pagar a los proveedores 17 millones de euros que acaban de llegar del Ministerio de Hacienda. Se abonarán todas las facturas emitidas antes del 13 de noviembre de 2014 que han sido reconocidas oficialmente por el ayuntamiento. Quedan pendientes otros 60 millones en facturas que se han encontrado en los cajones y que entrarán, previsiblemente, en otro «rescate» del Ministerio de Hacienda. Las cifras de la deuda económica de Gandia siguen mareando.