En la entrevista que ayer publicó Levante-EMV, Arturo Torró confesó que hace veinte años le dijo al entonces presidente del Gandia Bàsquet, Paco Miñana, que él quería ser alcalde de Gandia. Por eso Torró nunca ocultó que una de las noches más felices de su vida fue aquella de mayo de 2011, cuando el PP, con su nombre al frente, ganó por mayoría absoluta en las elecciones municipales de Gandia.
Un mes después, ya investido alcalde, Torró paseaba ante el Palau Ducal de Gandia y, mientras charlaba con otra persona, cambió de rumbo y se dirigió a la acera de enfrente para recoger un papel que había en el suelo y depositarlo en una papelera. «Soy feliz», dijo al ser preguntado por un gesto que hoy se ve pocas veces.
Aunque parezca un siglo, de aquello hace apenas cuatros años y medio, y se hace difícil reconocer a aquel hombre en quien esta semana, desposeído de la alcaldía y empujado por las causas judiciales que ha generado en su gestión pública firmaba, ante todos los periodistas, la renuncia a su acta de concejal.
Torró ha sido, gracias al apoyo incondicional, a veces ciego, de los doce concejales que le apoyaban y del PP gandiense, el hombre de la turbulencias. Fue él mismo quien acuñó esa expresión cuando, en un desayuno con la prensa para celebrar el primer aniversario en el sillón de la alcaldía, animó a abrocharse los cinturones de seguridad, dado que los cambios que iba a introducir en el ayuntamiento «serán como las turbulencias que sufre un avión».
Aunque en su discurso de toma de posesión apostó por el diálogo con la oposición, se olvidó al segundo y amparándose en el mágico número de 13 concejales, más que turbulencias el ya exalcalde y exconcejal dio la impresión de que iba a hacer crujir los cimientos de las leyes.
Contraviniendo el ordenamiento sobre la gestión del territorio, anunció un enorme campo de golf y ciudad deportiva en Marxuquera, otro campo de golf en el marjal, y convocó un concurso de ideas para desarrollar una urbanización con hoteles en la playa de l'Auir del que él mismo después renegó para proponer una especie de ciudad del cámping y de caravaning. Poco importó que fuese imposible construir un acceso norte a la playa de Gandia a través del marjal de Xeresa. Él, junto al alcalde de Xeraco, lo anunció a bombo y platillo en Madrid. Tampoco llegaron ni el ferry a Ibiza ni los cruceros de turistas que dio por hechos. Ya en la última época, a modo de promesas electorales, anunció la inversión de decenas de millones de euros en un parque acuático y un polígono industrial dedicado a la alimentación y la agricultura de los que muchos de sus concejales ni siquiera tenían idea.
Seguramente en la historia todo eso quedará en el capítulo de las anécdotas. Porque donde Torró hizo temblar las costuras de la legalidad fue al cerrar los ojos a los informes de altos funcionarios municipales y generar una situación insólita en la Administración de una ciudad de casi ochenta mil habitantes. Tolerado por el Ministerio de Hacienda y por la Generalitat, gobernadas por su mismo partido, hace un mes se supo que el exalcalde gobernó la mayor parte de su legislatura fuera de la ley. El presupuesto de 2013 ya ha sido declarado ilegal por los tribunales. El de 2014, que también está denunciado, seguramente obtendrá la misma calificación. Y el de 2015 ni siquiera pudo ser aprobado porque algunos de los 13 concejales del PP al final se atrevieron a girar la cabeza y le negaron el voto por temor a perder su propio patrimonio. Como los dos anteriores, tampoco este presupuesto incluía el pago de la deuda a los bancos y, pese a eso y pese a denunciar que los socialistas le dejaron un ayuntamiento en quiebra, en 2015 los números rojos del consistorio superaban a los de 2011.
De denunciador a denunciado
En el capítulo de la ley hay que situar también las acciones que Torró emprendió contra los anteriores gestores municipales, especialmente contra el exalcalde José Manuel Orengo, a quien ha llevado en dos ocasiones ante los jueces. En uno por considerar que «han desaparecido» cinco millones de euros del edificio Innova y en otro acusándolo de prevaricación por firmar créditos bancarios sin el aval de la Generalitat. El primer caso, denunciado en 2011, sigue vivo, y en el segundo, más adelantado, Orengo figura como imputado.
Pero Torró también deberá responder ante la justicia, denunciado a su vez por las personas a las que él acusó. De momento, y como publicaba ayer este periódico, ya son tres las causas abiertas en las que los jueces le investigan. Por comprar por 6,7 millones la galería comercial de un hotel de la playa, por adjudicar sin concurso público obras a una empresa investigada en el 'caso Púnica' y, como novedad, por el contrato de 1,7 millones a Tele7, ante las sospechas de que ese dinero podría haber ido a una firma que formaba parte de su grupo de empresas.
Torró se ha ido del ayuntamiento, pero las turbulencias que anunció y generó seguramente seguirán agitando la política local durante mucho tiempo.
