Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana SA, es decir Ciegsa, construyó, reformó o amplió en la ciudad de Gandia un total de siete colegios e institutos entre el 2001 y 2011. Lo que se pagó por ellos una vez acabados los trabajos distó mucho del precio por el que se habían adjudicado las obras, como está ocurriendo en muchas ciudades de la Comunitat Valenciana. No en vano, el actual Consell cifra el desvío total autonómico en más de 1.000 millones.
Por lo que respecta a Gandia, los sobrecostes ascendieron a un total de 5,4 millones de euros, según reveló ayer Laura Morant, la concejala de Educación, basándose en el informe que le ha remitido la Generalitat Valenciana a todos los municipios donde hay colegios construidos por Ciegsa bajo lupa.
En el global de las actuaciones de la empresa pública en la capital de la comarca de la Safor la desviación fue del 26%. Sin embargo, existen casos particulares que rozan el escándalo, como es el del colegio Joan Martorell, cuyo coste se sobrepasó nada menos que en un 94%, prácticamente el doble del precio de salida.
Este centro se adjudicó por 1,3 millones de euros y acabó costando 2,68. Las obras, que en este caso supusieron una reforma integral del colegio (inaugurado en 1972), se iniciaron en 2001 y los alumnos lo estrenaron al inicio del curso siguiente, el 2002-2003.
Pero no fue el único con un sobrecoste desproporcionado. En el caso de uno de los colegios públicos del Grau, el Joan XXIII, la diferencia entre la cantidad por la que se adjudicó y lo que se acabó abonando fue del 86 %. La Generalitat acabó abonando por las obras de reforma y ampliación de este edificio 1,9 millones de euros más, por lo que de 2,2 tenía que haber costado supuso un bocado total a las arcas públicas de 4,2 millones de euros. No en vano, es la obra más cara de las siete que Ciegsa llevó a cabo durante esos años, todos con el Gobierno del PP en la Generalitat y hasta 2011 con los socialistas en la alcaldía.
La ampliación del Roís de Corella, llevada a cabo en el año 2008 también se apuntó importantes sobrecostes. En este caso ascendieron al 24 %. Se adjudicaron las obras por 2,2 millones de euros y costó 2,7.
En la lista también está la Escola Oficial de Idiomes (EOI), inaugurada por el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en febrero de 2012 (aunque en realidad llevaba en funcionamiento hacía más de un año) y el exalcalde de Gandia, Arturo Torró. En este caso el desvío fue menos, de un 7 %. La Generalitat cifra esta infraestructura en un total de 3,7 millones cuando en realidad se adjudicó por 3,5.
Otros centros como el Botànic Cavanilles (14 %) o el instituto Veles e Vents del Grau, con un 9 %, también sufrieron este despropósito.
Incluso la obra más reciente, el colegio Sant Francesc de Borja, también inaugurada por el expresidente del gobierno valenciano y la exconsellera de Educación, María José Catalá, fue acabada con un sobrecoste del 9 %, al costar 258.000 euros más de lo que principalmente estaba previsto.
En definitiva, con los sobrecostes de los siete colegios en los que actuó la empresa pública de la Generalitat se habrían construido uno o posiblemente dos colegios ya no en Gandia, incluso en la Safor, donde hay centros como el de La Font, Piles o Palmera que sufren deficiencias importantísimas.
«El de Ciegsa se está demostrando como uno de los casos de corrupción y saqueo más graves que hemos sufrido en la Comunitat Valenciana», apuntó la concejala Laura Morant.
Investigación de la fiscalía
La empresa pública Ciegsa, creada por el Gobierno de Eduardo Zaplana en el año 2000, está siendo investigada por la Fiscalía después de que un informe de la Intervención de la Generalitat cifrara en 1.000 millones los sobrecostes que habían registrado los centros educativos construidos por esta mercantil.
Las pesquisas se centran, sobre todo, en los tiempos en que Máximo Caturla estuvo como consejero delegado de la entidad, es decir entre 2004 y 2007. De hecho, el mismo día en que se desató la Operación Taula, el pasado 26 de enero, la Guardia Civil tomó la sede de esta empresa y estuvo registrándola durante varias horas, rastreando archivos y correos electrónicos intercambiados por Caturla, quien después fue vicepresidente de la Diputación de Valencia.
La finalidad de los registros fue la de acreditar la comisión de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales en el seno de Ciegsa.
El actual Consell asegura que con los sobrecostes de esta emprea pública se habrían podido construir 200 colegios más en la Comunitat.
