El Gobierno de Gandia, compuesto por el PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia, volvió a demostrar ayer que ha tomado la determinación de llegar hasta el final en las causas judiciales abiertas contra el exalcalde de la ciudad, Arturo Torró, por su gestión en la pasada legislatura.
En la habitual reunión de los lunes, los dos grupos acordaron nombrar abogado y procurador para personarse en la querella que tramita el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia por el contrato de 1,7 millones de euros que Torró firmó con Tele7 en 2011, poco después de cerrar Gandia Televisió. Y también personarse en otra causa abierta en el mismo juzgado contra Torró por las habituales transferencias de millones de euros que iban del ayuntamiento a la empresa IPG.
En el primer caso, lo que el juez investiga, a raíz de una querella presentada por el exalcalde José Manuel Orengo y el exconcejal Vicent Mascarell, es si, a través del contrato de 1,7 millones de euros con Tele7, Torró benefició a una mercantil, Propulsa, que, siempre según la querella, formaba parte de su grupo empresarial. De hecho, el gerente de Propulsa era Jorge Masià, un hombre relacionado con las mercantiles propiedad o participadas por el exalcalde del PP. La querella de Orengo y Mascarell aprecia delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias.
En el segundo sumario judicial lo que se está averiguando es si Torró cometió delitos durante las muchas operaciones de tesorería en las que transfirió dinero del ayuntamiento a la empresa municipal IPG, una auténtica administración paralela que pagaba millones de euros en contratos y actuaciones al margen de cualquier control político.
«Estamos obligados por ley»
En este caso, lo que Torró y su Gobierno hacían era conceder «créditos» a IPG para que siguiera funcionando, pero una vez transcurrido el periodo de vencimiento de los mismos, el ayuntamiento no reclamaba ese dinero, de manera que, a criterio del PSPV-PSOE, que presentó la denuncia, se podría estar ante delitos contra la Administración pública.
Según señaló ayer el Gobierno local, esta denuncia está planteada por operaciones que suman 3,8 millones de euros, pero, como en su día adelantó Levante-EMV, los responsables del departamento de Hacienda calculan que así se entregaron a IPG más de diez millones de euros que nunca regresaron al consistorio.
Los dos portavoces del Gobierno local, José Manuel Prieto por el PSPV y Lorena Milvaques por Més Gandia, indicaron ayer que, como responsables de la Administración local, «estamos obligados por la ley» a personarse en esas causas judiciales porque, presumiblemente, existiría un perjuicio para el ayuntamiento y, en consecuencia para los ciudadanos.
