El Juzgado de lo Social número 11 de Valencia ha obligado a la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), perteneciente al Ayuntamiento, a readmitir a una trabajadora que fue sucesivamente contratada para ejercer varias funciones en dependencias públicas desde 1 de febrero de 2012 hasta el final de la pasada legislatura.
El juez estima en este caso que el despido, que se produjo al poco del cambio en el Gobierno local surgido de las pasadas elecciones municipales, se debió a una «revancha política», dado que la afectada, Ángela M. M., es militante del PP. El fallo judicial indica que la mujer perdió su trabajo «por sus ideas políticas», de manera que obliga a IPG a readmitirla y a pagarle el salario que dejó de percibir desde que fue despedida, lo que suma unos 9.000 euros.
Ángela, que se afilió al PP en mayo de 2013, fue contratada desde 2012 para realizar funciones en la Biblioteca Central de Gandia, en el Centro de Convivencia Manuel Broseta y en el Centro Deportivo del Grau de Gandia.
Se da la circunstancia de que, en la pasada legislatura, el PSPV-PSOE la señaló como una de las «enchufadas» por el excalcalde del PP, dado que apareció, con foto incluida, en la campaña que los socialistas denominaron «El enchufado de la semana», a través de la cual se dieron a conocer decenas de personas supuestamente afines o militantes del PP que habían sido contratadas en el ayuntamiento o en IPG.
Ese señalamiento ha sido clave para que el juez estime que las ideas políticas de la afectada están en el origen del despido, dado que IPG echó a la trabajadora en agosto de 2015, apenas unas semanas después de que los partidos que integran el nuevo Gobierno local surgido de las elecciones, PSPV-PSOE y Més Gandia, junto a Ciudadanos, tomara el control de IPG al nombrar a un nuevo Consejo de Administración.
Para concluir que ha habido una especie de revanchismo político, el juez ha apreciado, además de su señalamiento en la campaña «El enchufado de la semana», el hecho de que el lugar donde trabajaba siguiese abierto cuando ella perdió su puesto de trabajo, en este caso el Centro Deportivo municipal del Grau de Gandia.
En el día de ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, valoró esta sentencia indicando que, en este caso, «se ha quebrado un principio constitucional». «Es la primera vez, que el Ayuntamiento de Gandia (IPG), es condenado por vulneración del derecho fundamental. La sentencia indica claramente que fue vulnerado el artículo 14 de la Constitución, es decir se la despidió por ser del PP, por su ideología».
Sentencia similar a la de Torró
Pese a estas palabras de Soler, en realidad el Ayuntamiento de Gandia ya ha recibido sentencias de este tipo cuando gobernaba el PP. Como en su día publicó este periódico, otro juzgado de lo social de Valencia condenó a IPG a readmitir y a pagar todos los salarios dejados de percibir a la esposa de un exconcejal del PSOE que trabajaba en la grúa municipal. En aquella ocasión quedó acreditado que Torró, siendo candidato a la alcaldía, anunció que la echaría de su trabajo, algo que cumplió muy poco después de ganar las elecciones municipales de 2011.
