El principal escollo del nuevo sistema de gestión que pretende instaurar el Consorcio de Residuos (COR) con el respaldo de la Conselleria de Medio Ambiente lo representa el contrato adjudicado en 2009 a la UTE formada por FCC y Dimesa (Vytrusa) para el tratamiento de la basura de 5 comarcas por la friolera de 420 millones de euros y una duración de 20 años. Los responsables políticos quieren introducir los cambios proyectados evitando a toda costa una rescisión contractual que podría conducir a la reclamación, por parte de la empresa, de una indemnización por lucro cesante. Fuentes del COR subrayan que las competencias de planificación de los residuos corresponden a la administración pública, a tiempo que defienden la necesidad de anteponer el bien común y el interés de los ciudadanos y confían en que la empresa sea «consciente» de la situación y pueda llegarse a un acuerdo lo más favorable posible. Si no hay entendimiento, la concesionaria podría emprender una batalla judicial, puesto que ha ejecutado una serie de inversiones y mantiene unos compromisos con los propietarios de los terrenos donde iba la planta.
Rescate del Plan de Minimización
La nueva planificación del COR pretende resucitar el Plan de Minimización de la Vall d'Albaida y reserva un papel para su contratista, Recisa. El Consorcio quiere buscar fórmulas de cooperación empresarial para que esta firma y Vytrusa —enfrentadas en los tribunales— colaboren y puedan tener su espacio en el plan de gestión de la basura de las comarcas.
