Nadie esperaba un pleno tranquilo y se cumplieron las previsiones. La corporación municipal gandiense, reunida en calidad de Junta General de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), decidió ayer, en medio de la bronca política, la disolución de esa mercantil que, como ha quedado demostrado, ha sido todo un ejemplo de administración municipal paralela y opaca, amén de un pozo sin fondo que ha incrementado más aún la abultada deuda del consistorio.
Tras dejar 75 millones de euros en números rojos fruto de una gestión sospechosa de haber sido desleal con la propia mercantil y, por extensión, con los ciudadanos de Gandia que han pagado sus consecuencias, la Junta General decidió ayer, con los votos del PSPV-PSOE, Més Gandia y Ciudadanos, iniciar el proceso de disolución.
Se cumple así la promesa electoral de estas formaciones políticas que, en la pasada legislatura, denunciaron multitud de irregularidades en la gestión de IPG, al frente de la cual estaba el exalcalde, Arturo Torró.
Pero, en segundo lugar, la Junta General también decidió ayer denunciar en los Juzgados de lo Mercantil, además de a Torró, a Javier Reig, Víctor Soler, Lola Moncho y Guillermo Barber, todos ellos miembros del anterior Consejo de Administración del PP.
Consideran los partidos que apoyan al Gobierno local que todos ellos son responsables de pérdidas cuantificadas en 28,5 millones de euros debido a la deliberada mala gestión en IPG.
Tan mal estaba la empresa pública que ayer ningún partido político quiso aprobar las cuentas del año 2014, que arrojan pérdidas que suman 40 millones de euros. PSOE, Més Gandia y C's votaron en contra porque ellos no participaron en la gestión en la pasada legislatura, y el PP porque considera que esas cuentas han sido conscientemente amañadas para denunciar a quienes gestionaron IPG los últimos cuatro años.
Con esos ingredientes, resulta obvio el resultado de la reunión de ayer. El PP primero intentó que se suspendiera la Junta General argumentando que ha presentado una demanda judicial para invalidar las cuentas de 2014. La alcaldesa se negó y mantuvo intacto el orden del día.
Después, como también había previsto el portavoz del PP, Víctor Soler, todos los miembros de esta formación abandonaron el salón de plenos en el momento de debatir la petición expresa de acudir a los juzgados para pedir responsabilidad social al anterior Consejo de Administración.
En vano intentaron Víctor Soler y Guillermo Barber que en ese mismo paquete de petición de responsabilidades se incluyera a todos los gestores que ha tenido IPG en toda su existencia, desde el año 2006. Y se dirigieron especialmente a los portavoces de Més Gandia y C's, Lorena Milvaques y C's, quienes en algún momento habían dicho que no se opondrían a estudiar la gestión de IPG desde sus inicios.
La alcaldesa, Diana Morant, sin embargo, señaló, citando la ley que regula las sociedades de capital, que esas responsabilidades prescriben a los cuatro años y que era misión del PP en la anterior legislatura haber denunciado si habían detectado ilegalidades.
El PP también denunciará
Antes de abandonar la Junta General, Víctor Soler fue especialmente duro. Acusó a los tres partidos que apoyan al Gobierno local de iniciar «una guerra civil» y, junto a su compañero Guillermo Barber, señaló que el PP responderá «a la vendeta y la cacería» iniciada con esta petición de responsabilidades llevando al juzgado actuaciones en IPG cometidas en la legislatura 2007-2011, cuando gobernaron el socialista José Manuel Orengo y Fernando Mut, de Plataforma de Gandia. Según Soler y Barber, la compra «ruinosa» de terrenos, la subvención del Ministerio de Industria para el Edificio Innova o la adquisición de viviendas sociales «sin informes técnicos» también podría ser constitutivo de gestión dolosa.
Consideraciones judiciales al margen, el pleno de Gandia puso el primer paso para que IPG pase a la historia. No se sabe el tiempo que transcurrirá hasta que formalmente la empresa municipal se disuelva definitivamente. Dependerá de cinco personas nombradas ayer para dirigir ese proceso. Se trata de Vicent Mascarell (PSOE), Carles Vendrell (Més Gandia), Salvador Marí (C's), y los técnicos Juan Vicente Santos, y Francesc Pons. Para cerrar IPG el PP se queda sin representante.
