El pasado lunes celebrábamos en el Ayuntamiento de Gandia la Junta General de la empresa pública IPG con la adopción de relevantes acuerdos, como la aprobación de las cuentas generales, la disolución de la empresa pública y la solicitud de responsabilidad social a los anteriores administradores. El proceso fue elaborado con mimo por parte del Gobierno de izquierdas con un único objetivo, convertirla en un circo mediático contra el PP.
Analicemos por partes. Para la formulación de las cuentas, que finalmente no fueron aprobadas, el Gobierno prescindió de criterios contables a nuestro juicio fundamentales y legalmente exigibles, como el de empresa en funcionamiento. Eso es nuclear, puesto que al prescindir de ese criterio, el Gobierno ha practicado una depreciación de los inmuebles de la empresa pública por valor de 19 millones de euros. Dicha depreciación es un intento deliberado de los administradores de dilapidar patrimonio público con el único fin de cargar tintas y reproches contra la gestión de los anteriores responsables. Lo mejor del caso es que los administradores del PP no compraron ni uno solo de los inmuebles que ahora deprecian, todos ellos, todos, fueron adquiridos desde el 2007 hasta el 2011, bajo mandato socialista. Han torturado los números con el objetivo espurio de criticar, al precio que sea, la gestión del PP, cuando lo cierto es que los únicos responsables de la ruina de la empresa pública son ellos mismos.
Por todo ello pretenden exigir responsabilidades sociales a los antiguos administradores, viendo la paja en el ojo ajeno pero obviando la inmensa viga en el propio.
Lo dijimos en la Junta General. El PP no tiene ningún problema en que se fiscalice y controle su gestión hasta la extenuación. Ofrecimos votar a favor de la exigencia de adoptar responsabilidades sociales contra nosotros mismos, siempre que fueran aplicables a todos los Consejos de Administración de IPG, desde su creación.
Quien nada malo ha hecho, nada debe temer. Pero hete aquí que algo tan lógico de asumir no fue aceptado por ningún partido del gobierno, ni PSOE, ni Més Gandia, ni Ciudadanos. No podemos consentir que los actuales gobernantes, con el dinero del contribuyente, realicen una cacería bizarra contra el PP.
Del PSOE es comprensible, tienen mucha miseria que esconder bajo la alfombra de la mentira. Lo paradigmático del caso es que Més Gandia y Ciudadanos se opusieran. ¿Qué problema tienen en fiscalizar y pedir responsabilidades a la gestión del socialista Orengo? ¿Acaso no prometieron en campaña realizar una auditoría del Ayuntamiento e IPG de los últimos 12 años? ¿Qué miedo tienen en pedir responsabilidades, por ejemplo, de la compra de terrenos en Sancho Llop, la Cuadra de Beniopa, la compra del edificio de la Avenida de Alicante, los millones dilapidados en anteproyectos que nunca vieron la luz, la compra de decenas de viviendas sin informe técnico, pago de viajes, arquitectos, ilícitos como continuas cesiones ilegales de trabajadores, firma de préstamos que están siendo investigados, gestión del Innova?? ¿No pedimos responsabilidades sociales por todo esto?
Tal vez tenga mucho que ver que todos estos desmanes fueron aprobados por un solo Consejo de Administración del que, curiosamente, formaba parte el nuevo Hacendado de la izquierda, el concejal Ciro Palmer. ¿Será este uno de los motivos por los que Ciudadanos pactó con un gobierno nacionalista y de izquierdas?
Y qué decir de Més Gandia. Aquellos que en campaña electoral prometían regenerar la política jurando y perjurando que jamás pactarían con el PSOE ni con la vieja política. Ha sido tocar moqueta y aceptar ocultar las vergüenzas y trapos sucios de los socialistas. En definitiva, volver a ser lo que siempre aspiraron a ser, el segundón sempiterno del PSOE. Por todo ello, su portavoz, Lorena Milvaques, después de 9 meses de cogestión en el gobierno municipal, se ha ganado por derecho propio el título de pagafantas oficial del PSOE.
Prometieron, además, cerrar IPG en los cien primeros días de gobierno. La realidad es que se han dado un cómodo plazo de tres años para cerrarla, esto es, tendrán IPG abierta durante toda la legislatura; una vez más, su palabra queda empeñada.
Pero, ¿qué podíamos esperar de los que crearon cinco empresas públicas con una estructura perniciosa de ingresos y gastos? Ahora se presentan, como si 28 años no fueran nada, diciendo que no han roto nunca un plato, cuando rompieron la vajilla entera.
El actual gobierno municipal ha traspasado el Rubicón, ha roto la vía del entendimiento con el PP con la firme intención de levantar muros ante su incapacidad para tender puentes al entendimiento.
Morant, Milvaques y Palmer, en un conciliábulo propio de otras épocas, sellaron un pacto de gobierno fundamentado en la exclusión y el rencor hacia el PP. A falta de gestión, buenas son las imaginarias y fantasiosas corruptelas que pretenden colocar en el imaginario público. Ya lo advirtieron en aquel mensaje de whatsap: «a por ellos», y ¡vaya si lo están cumpliendo! Pretenden convertir al Ayuntamiento en una mancebía para ocultar su falta de ganas y capacitación para gobernar.
Diana Morant ha sembrado la semilla del odio en esta ciudad. Justo de ella y del cargo que representa, cabría esperar precisamente lo contrario. Como Alcaldesa de todos debería aportar templanza, serenidad, talante y sosiego, pero ha elegido el barro, ensuciar la política y las relaciones entre los distintos grupos municipales.
Y mientras se ocupa de judicializar la vida política y hacer una causa general contra el PP, Gandia está parada, sin gobierno, sin gestión. Y en este juicio sumarísimo contra el PP, quien más pierde es Gandia, porque Palmer, Milvaques y Morant, en su obsesión enfermiza contra el PP para intentar cambiar y juzgar el pasado, lo único que están consiguiendo es perder el futuro.
