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Gandia inicia el proceso para redactar una auditoría económica de los últimos 12 años

El gobierno local encarga el trabajo a funcionarios municipales e insiste que un estudio externo no es posible

La Comisión de Economía, Hacienda y Políticas Económicas celebrada ayer en el Ayuntamiento de Gandia informó de la puesta en marcha del proceso para iniciar la auditoría interna de las cuentas municipales de los últimos 12 años. Esa medida que formaba parte del acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Més Gandia dentro del pacto de gobernabilidad de la ciudad, y también de Ciudadanos, cuyo concejal dio la alcaldía a la socialista Diana Morant y permitió la formación de un ejecutivo de izquierdas.

La auditoría se ha aprobado «una vez que el gobierno local ha conseguido poner en marcha el Plan de Ajuste Económico, renegociar los préstamos con las entidades bancarias, poner en marcha el Plan Económico Financiero de la Conselleria de Hacienda y avanzar en la liquidación de la deuda comercial, a fin de lograr la viabilidad económica de la ciudad». Según el gobierno local, esas actuaciones habían absorbido hasta ahora el trabajo de las áreas de Economía y Hacienda, de manera que, diez meses después de las elecciones, se inicia el proceso para conocer minuciosamente cómo se ha gestionado el ayuntamiento en las tres legislaturas anteriores, cuando gobernaron el alcalde José Manuel Orengo y, después, Arturo Torró.

Como había anunciado la alcaldesa de la ciudad, la auditoría de 12 años será realizada por los funcionarios municipales, «profesionales independientes que demuestran su profesionalidad con su trabajo, los que dan constancia y redactan los informes que se emiten».

El responsable de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, recordó ayer que según el Tribunal de Cuentas y una sentencia del Tribunal Constitucional «no se pueden realizar auditorías externas y que, en el caso de los ayuntamientos, debe ser Intervención quien se encargue de realizar el trabajo, ya que en caso contrario los informes pedidos a empresas externas serían reparados de legalidad por el mismo interventor municipal».

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