El Gobierno local de Gandia pagará el cien por cien de la deuda que la empresa municipal IPG ha dejado a decenas de acreedores a los que, en su mayoría, se les adeudan cantidades que van de los 10.000 a los 50.000 euros.
El equipo de la alcaldesa Diana Morant rechaza la idea surgida del abogado José García y difundida en las últimas semanas, para que IPG entre en fase de concurso de acreedores, una acción a la que, a criterio del citado letrado, estaría obligada IPG para intentar evitar el perjuicio al conjunto de los ciudadanos de Gandia que son los que, de una u otra manera, van a tener que pagar parte de la monumental deuda acumulada por la mercantil.
En el Gobierno gandiense, en cambio, se interpreta que, basándose en informes técnicos y jurídicos, esa fórmula no se ajusta a derecho. Dicen los gestores de IPG y los concejales del ayuntamiento que, como ha quedado acreditado en multitud de sentencias judiciales, IPG es una empresa totalmente municipal y que, por lo tanto, debe considerarse como administración. Por ese motivo no sería aplicable la fórmula del concurso de acreedores paga pagar las deudas, sino que tiene la obligación de actuar como si se tratara del mismo ayuntamiento que la creó en 2006 y que la ha dirigido durante toda su existencia.
Según señalan desde el Gobierno local, a la vista del patrimonio que conserva IPG, la aplicación de un concurso de acreedores supondría reducir entre un 40 y un 50 por ciento la deuda de 15 millones de euros a los acreedores. Esa fórmula, añaden, sería doblemente injusta porque, a partir de instrucciones técnicas, el ayuntamiento ya ha asumido los más de 40 millones de euros de la deuda a entidades bancarias. Es decir, si IPG se declarara en concurso de acreedores, los bancos no perderían ni un céntimo, mientras que los pequeños proveedores, la mayoría de ellos de la ciudad de Gandia o de la comarca de la Safor, serían los auténticos perjudicados al quedarse aproximadamente con mitad de lo que se les debe.
Vicent Mascarell, presidente de IPG, empresa que ya ha entrado en fase de liquidación, señaló, para rechazar el concurso de acreedores y optar por el pago de toda la deuda, que esta mercantil «es cien por cien pública» y que de eso se derivan «responsabilidades» en la Administración local que el Gobierno local ha decidido asumir plenamente.
De hecho, durante los 13 años de su existencia los presidentes de IPG fueron los alcaldes José Manuel Orengo y Arturo Torró. De ellos, y del resto de concejales, han surgido las actuaciones realizadas por la empresa pública, y en todo momento señalaron que el resultado de la gestión quedaba bajo su responsabilidad.
Al margen de eso, el ayuntamiento también ha decidido denunciar a los anteriores gestores de IPG, con Arturo Torró a la cabeza, al considerar que sus decisiones supusieron un quebranto económico de muchos millones para el ayuntamiento.
