Tenían un modus operandi muy definido. Lograban que la empresa contratara a las personas que ellos les indicaban sin necesidad de que estas acudieran a firmar los contratos. Se encargaban de entregar los datos y los números de cuenta donde debían cobrar sus nóminas ellos mismos. El objetivo era crear dos cuadrillas de «collidors» para la temporada citrícola pero la realidad fue que ninguno de estos más de 30 empleados pisó nunca los campos.
Pese a eso, la empresa, ubicada en Miramar, religiosamente pagaba los salarios por el trabajo que, en realidad, o no se hacía o lo llevaba a cabo otra de las cuadrillas contratadas por esta firma. Las labores se justificaban mediante documentos llamados «listas de coger» que los acusados elaboraban y firmaban y que, lógicamente, eran falsos.
La administración de la empresa pagaba mediante transferencia bancaria a los empleados a cuentas supuestamente ligadas a ellos, un dinero que era retirado de forma inmediata, bien a través de personas autorizadas o con tarjetas de débito. De ese modo, lograron estafar a la empresa 750.000 euros más los casi 80.000 que fueron a pagar a la Seguridad Social por las altas de los contratos.
La Sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS), en una sentencia del pasado 15 abril a la que ha tenido acceso Levante-EMV, ha confirmado la condena dictada por la audiencia provincial de Valencia contra cinco personas, empleadas de esta mercantil. A tres de ellas se les acusa por un delito de estafa continuada por el cobro de salarios falsos, y a otras dos como cooperadores necesarios.
Los acusados eran, cuando se produjeron los hechos, quienes se encargaban de la organización del trabajo en el campo, del transporte del género hasta el almacén ubicado Miramar, así como el capataz de una de las supuestas cuadrillas y dos familiares que colaboraron en llevar a cabo los hechos delictivos.
Esta actuación se repitió en sucesivas temporadas citrícolas entre los años 2002 y 2006 y fue auspiciada por J.J.S.C, que estaba contratado como jefe de campo de la empresa desde el año 2000 y cuyo trabajo era hacer de enganche entre los «collidors» y la oficina, M. K. P., encargada del transporte de la mercancía y B. I. P., capataz de una de las dos cuadrillas inexistentes.
Las tres figuras eran básicas. La segunda era, según se desprende de la sentencia, la que se encargaban de proponer la contratación de los trabajadores, su marido, B. I. P. operaba como capataz de la cuadrilla 22 y elaboraba las «listas de coger» que justificaban un trabajo que, lógicamente, no se realizaba, mientras que el jefe de campo era el que se encargaba de validar y entregar la documentación falsa en las oficinas administrativas de la empresa. En la trama también cooperaron S. K. y E. J. B. S., que actuaron en temporadas distintas como capataces de la cuadrilla 21 y, por lo tanto, eran también responsables de elaborar las listas que demostraban que, supuestamente, se había estado trabajando en un campo.
Fue la empresa la que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y presentó la denuncia contra los tres trabajadores.
Entre uno y tres años de cárcel
Los instigadores han sido condenados a tres años de prisión y a pagar una indemnización a la empresa equivalente al montante estafado (750.000 euros) más la cantidad que abonó a la Seguridad Social (80.000 euros). Para los dos colaboradores, el Tribunal Supremo confirma un año y tres meses de cárcel y hacerse cargo de una parte de las indemnizaciones.
En el proceso también habían sido acusadas una treintena de personas, que son las que dieron sus datos a los condenados para que les dieran de alta como trabajadores aunque nunca llevaron a cabo esa labor. Todos ellos han sido absueltos por parte de la justicia.
