En Gandia ya son pocos los asuntos políticos que no están siendo investigados por la justicia. El último en sumarse a la lista ha sido la polémica surgida entre la alcaldesa, Diana Morant, y el PP de la ciudad después de que esta, tras el pleno de su investidura del 13 de junio de 2015, diera orden de cerrar las dependencias municipales para preservar la documentación existente en los despachos.

Varios miembros de la formación popular, entre ellos el exalcalde, Arturo Torró, presentaron, el pasado mes de marzo, casi un año después de los hechos, una querella contra la alcaldesa, el actual coordinador general de Hacienda, Salvador Gregori, el secretario municipal, Lorenzo Pérez, y los funcionarios Vicent Todolí y Vicent Llorens, porque, según apuntan, estas personas les impidieron «de forma coactiva» entrar a lo que consideran como su «puesto de trabajo», tanto el mismo día del pleno como el lunes siguiente, primer día hábil de la nueva alcaldesa socialista.

Los denunciantes son, además de Torró, Gonzalo Morant, exgerente de IPG, Lola Moncho, Carlos Moncho y Alba Frasquet, todos ellos contratados «a dedo» durante la anterior legislatura, y Cristina Serrano, funcionaria del Ayuntamiento de Callosa de Segura, que estaba en la capital de la Safor en comisión de servicio, también a requerimiento de Torró.

Ayer, el concejal popular Vicent Gregori, informó de que la titular del juzgado número 3 ha admitido a trámite la demanda por delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad y coacciones. En el mismo auto, la magistrada llama a declarar a los cinco denunciados en calidad de querellados, por lo que no están imputados. A los denunciantes, por su parte, también se les llama a declarar pero en este caso en condición de testigos, del mismo modo que lo hará Javier Reig, hombre de confianza de Torró y actual asesor del grupo del PP.

En el texto de la denuncia, los populares apuntan que para tomar la decisión de cerrar los despachos la alcaldesa no siguió procedimiento administrativo alguno. Hablan de «asalto» y aseguran que falta de documentación, y ha habido «borrados o modificaciones de equipos informáticos».

Los querellantes aseguran que en algunos casos se les llegó a impedir el acceso a los despachos que ocupaban antes del cambio de Gobierno «con agentes de la Policía Local». Según Lola Moncho, uno de los funcionarios denunciados la llegó a amenazar: «Te vamos a machacar».

Los querellantes defienden que las personas que les impidieron el paso, en tanto que se trataba de minutos después de acabar el pleno de investidura, «no ostentaban ningún cargo» y apuntan que no les dejaron recoger ni sus efectos personales. «No nos dejaron acceder a nuestros medios de trabajo, ordenadores, agendas, cuadernos, etc», apuntan. Todo esto, insisten, sin que existiera decreto alguno durante estos días. Este acto administrativo llegó el 15 de mayo de 2015, dos días después de que se produjeran los hechos.

«Quieren pasearme ante el juez»

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, respondió ayer que ante la querella de los populares está «muy tranquila». Cree que la única intención del PP es «pasearme por los juzgados en plena campaña electoral». Morant está convencida de que «hicimos lo mejor para Gandia» y niega que se impidiera recoger objetos personales de los despachos.

Para la alcaldesa, su trabajo durante aquellas primeras horas de legislatura era «proteger toda la información del Ayuntamiento y, sobre todo, la de la empresa pública para que no se destruyera o desapareciera». En declaraciones a Levante-EMV, Morant recordó que dos personas del PP, Lola Moncho y Alba Frasquet, intentaron entrar de madrugada en el ayuntamiento y que todo el proceso para garantizar que no se destruyera documentación fue dirigido y tutelado por el secretario y funcionarios municipales.