El Gobierno local de Gandia ha sacado pecho de su gestión económica y de las acciones realizadas para ir reduciendo la enorme deuda que arrastra el ayuntamiento. El coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha explicado que en diez meses el consistorio, gracias a la contención del gasto, ha reducido a la mitad la deuda no financiera, que incluye las facturas a proveedores o subvenciones a entidades. Si en junio de 2015, cuando se inició la legislatura dirigida por el PSOE y Més Gandia, había 54,8 millones de euros en pagos pendientes, en este momento la cifra se ha situado, según Gregori, en 27 millones.
«En poco menos de 10 meses hemos conseguido esta rebaja gracias a los 17,4 millones que hemos recibido del avance de la participación de los impuestos del Estado, pero, en paralelo, además de cumplir con todas las obligaciones que este consistorio tiene cada mes, se ha liquidado la deuda no financiera a razón de un millón de euros al mes. Estamos en el buen camino y poniendo orden en las cuentas. Esta es la forma que tiene este gobierno de generar economía: cumplir con todos los compromisos adquiridos», indicó el coordinador de Economía del Gobierno local.
Gregori también avaló los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y recogidos por Levante-EMV el pasado miércoles sobre el endeudamiento de la ciudad durante la pasada legislatura. Durante los cuatro años del PP hubo un incremento de 136 millones de euros en los números rojos del Ayuntamiento de Gandia. «Lo llevamos anunciando desde hace meses y ahora el Ministerio lo confirma. La corporación dirigida por el PP fue la que más endeudó Gandia en menos tiempo», señaló Salvador Gregori.
El coordinador de Economía destacó que tras la normalización bancaria y el establecimiento de un calendario para devolver la monumental deuda financiera, ahora se está abordando la deuda comercial, que, según señala, se podría liquidar completamente a finales de este mismo año si el Ministerio pone en marcha un nuevo Plan de Pago a Proveedores, lo que implicaría que el consistorio podría volver a pagar en un periodo de tiempo de 30 a 60 días.
En estos momentos ese periodo supera los cien días, dado el colapso económico en que se encuentra el ayuntamiento, todavía con cientos de facturas que no puede abonar por falta de dinero.
En esta «normalización financiera» anunciada por Gregori no entra la empresa municipal IPG, que tiene un atracón de facturas sin pagar y cuya gestión se abordará dentro del proceso de liquidación y cierre que ya se ha iniciado.
