El Gobierno local de Oliva mostró ayer su satisfacción tras haber llegado a un histórico acuerdo que representa la firma de la paz con los propietarios de la fallida urbanización de Aigua Blanca IV, cuyas obras se iniciaron hace cerca de diez años y que, por muchas y variadas causas, hoy en día siguen paralizadas.
Tras la negociación mantenida entre la abogada nombrada por el el alcalde de la localidad, David González, y los propietarios, estos últimos han decidido retirar el contencioso administrativo que tenían presentado contra el acuerdo del año 2008 en el que el ayuntamiento aprobó una modificación del proyecto de urbanización de Aigua Blanca IV. Esa modificación ya ni siquiera tenía sentido porque existe otra posterior aprobada en 2014.
Más allá de los detalles que han permitido llegar al acuerdo, la importancia de este hecho radica en la actitud del Gobierno local surgido de las últimas elecciones, que pone fin a los constantes enfrentamientos que enturbiaban las relaciones entre los propietarios y la Administración local debido a la gestión que se realizaba, o que se dejaba de realizar, para que, algún día, la urbanización pueda darse por finalizada.
Con esta «paz» sobre Aigua Blanca IV, el consistorio aborda ahora los pasos definitivos que deberían desembocar en la culminación de las obras. Así, el Gobierno local trabaja para que en cuestión de uno o dos meses pueda aprobarse el proyecto redactado por los técnicos y, a partir de ese momento, abrir el proceso de licitación de las obras y ejecución de los trabajos. Es arriesgado aportar plazos, pero todo apunta a que el próximo otoño las máquinas podrían entrar en la explanada de la urbanización fantasma. Tras casi diez años de problemas, protestas y conflictos judiciales, la intención es que a lo largo del próximo año 2017 los propietarios puedan disponer de sus parcelas en las condiciones legales para poder construir.
Un abandono que sale caro
Para hacerse una idea del desaguisado que ha rodeado el proceso de urbanización de Aigua Blanca IV baste recordar que la «reparación» que ahora se va a llevar a cabo costará 1,8 millones de euros, lo que supone 400.000 euros más que el valor de la adjudicación inicial, que tuvo lugar en el año 2006.
De hecho, la empresa que se quede esta actuación prácticamente tendrá que partir de cero porque es necesario reponer redes de infraestructuras básicas, elementos de mobiliario urbano y viales que, tras ocho años de paralización, han quedado deteriorados o inservibles.
El final de las obras será posible, entre otros aspectos, porque todos los partidos que firmaron el acuerdo de gobierno tras las últimas elecciones consideraron imprescindible agilizar el proceso y acabar con el conflicto.
El nuevo alcalde, David González, que precisamente hace unas semanas asumió directamente el área de Urbanismo, ordenó iniciar los trámites para poder cerrar este capítulo gris de la gestión municipal y dar satisfacción a los propietarios que durante tantos años han sufrido las consecuencias.
