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El último presupuesto del PP de Gandia eleva el balance negativo hasta los 43 millones

Torró contempló dos partidas de 17 millones de euros en ingresos que podrían considerarse ficticias

El departamento de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia ha dado a conocer esta semana la liquidación del presupuesto municipal del año 2015, el último que corresponde a la gestión del Partido Popular realizada durante la pasada legislatura.

Según los datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, ese resultado es tan desastroso como los anteriores, y confirma que el exalcalde, Arturo Torró, situaba partidas con ingresos «ficticios», que nunca llegaban a producirse, para poder cuadrar los gastos y aprobar el presupuesto.

El desastre se traduce en un dato. La liquidación arroja un remanente de tesorería negativo que alcanza los 43 millones de euros, todo un síntoma de la gestión desarrollada hasta el año pasado.

A esa abultada cantidad en negativo se llega de sumar los 26 millones del año anterior más 8 millones en pólizas de tesorería del Ayuntamiento de Gandia a su empresa municipal, IPG, más otros 9 millones de euros de un canon por el servicio del agua potable.

Como es evidente, ni los préstamos a IPG le fueron devueltos al ayuntamiento ni se han ingresado los 9 millones del agua, pese a lo cual el PP sí hizo uso de ese dinero en el capítulo de gastos.

Según señaló a este periódico el actual responsable de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, desde junio del año pasado, cuando cambió el Gobierno local a raíz de las elecciones municipales, esa situación empezó a corregirse, y, de hecho, auguró que cuando se liquide el presupuesto de este 2016, el primer año completo bajo la gestión del PSOE y de la coalición Més Gandia, los datos arrojarán un resultado mucho más positivo.

Tres presupuestos ilegales

Como es sabido, durante la pasada legislatura el PP llevó a cabo una política nunca antes vista en el departamento de Hacienda. Los populares apenas pudieron aprobar un presupuesto legal, el del año 2012, gracias al Plan de Pago a Proveedores que, auspiciado por el Ministerio de Hacienda, permitió liquidar 63 millones de euros en facturas impagadas que había heredado del anterior Gobierno local que dirigían el PSOE y Plataforma de Gandia.

En 2013, el ayuntamiento entró en el reino de la ilegalidad, dado que el exalcalde Torró se negó a seguir devolviendo los millonarios créditos que el ayuntamiento debía a los bancos. Consecuencia de ello, y ante la denuncia que interpuso el Grupo Socialista, un juzgado anuló el presupuesto de ese año por ser ilegal. Previsiblemente en la misma línea irá la sentencia que se espera referida al presupuesto de 2014, que tampoco incluyó los créditos bancarios y otros pagos a los que el ayuntamiento estaba obligado.

Finalmente, también puede considerarse ilegal el presupuesto de 2015, el que ahora ha arrojado un remanente negativo de tesorería de 43 millones de euros, porque fue prorrogado del de 2014 cuando los concejales del PP se negaron a votarlo ante el riesgo de poner en peligro su propio patrimonio.

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