La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha suspendido la declaración de la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, y las de Salvador Gregori, Vicent Llorens, Vicent Todolí y Lorenzo Pérez, a raíz de la querella presentada contra todos ellos por Arturo Torró y varios cargos de confianza del PP a raíz de la orden dada por Morant, inmediatamente después de ser investida alcaldesa, de cerrar los despachos municipales y de la empresa pública IPG para, según señaló, preservar la documentación existente en los mismos.
Torró y los otros miembros del PP acusan a la alcaldesa de «asaltar» los despachos, dando órdenes expresas para impedir que, a partir del pleno de investidura del 13 de junio de 2015, los altos cargos del PP que estuvieron al frente del Gobierno local pudieran entrar en los mismos.
La querella de Torró fue admitida a trámite, pero los acusados recurrieron esa decisión, que aún no ha sido contestada. Por eso la jueza ha decidido suspender las declaraciones previstas para el lunes próximo, entre ellas la de la alcaldesa socialista.
El lunes pasado Torró y los otros querellantes, Gonzalo Morant, Lola Moncho, Cristina Serrano y Alba Frasquet, declararon ante cerca de seis horas ante la jueza, ratificándose en sus acusaciones y señalando, al menos en el caso de Torró, que hubo acciones «coactivas» para impedirles el paso a los despachos municipales.
La alcaldesa socialista acusó a los dirigentes del PP de pretender exclusivamente implicarla judicialmente aprovechando la convocatoria de elecciones generales.
