El alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan, quiso zanjar ayer un nuevo capítulo en la polémica que ha surgido en el municipio en torno a la instalación de una gasolinera en la acceso este de la localidad, en un solar que se encuentra entre dos edificios. El edil nacionalista dejó claro que el Gobierno que dirige no ve con buenos ojos la apertura de este negocio, que ha despertado un gran recelo entre los vecinos por el peligro que, dicen, podría conllevar en caso de que se produjera algún accidente.
Juan apuntó ayer, en conversación con Levante-EMV, que entre su equipo «no hay voluntad política de que se instale la gasolinera». «A ningún alcalde ni gobierno le gusta que se pongan en marcha ciertas actividades en sus municipios», apuntó.
Pese a ello, el primer edil vallero negó que se estén poniendo trabas desde la administración local para que ponga en marcha la gasolinera, como denunció el empresario, Perfecto Aguado, en una información publicada por este periódico el domingo.
En lo que sí que está trabajando el Gobierno local junto a los servicios jurídicos y técnicos municipales es en «mirar con lupa todo el expediente» para, dijo «hacer todo lo posible para garantizar que se cumple la ley». Reconoció, además, que «si encontramos base legal alguna, denegaremos la licencia».
Juan asegura que la instalación de gasolineras en el casco urbano es un asunto que viene regulado por leyes superiores y, por tanto, si el empresario cumple con todos los requisitos, al ayuntamiento no le queda otra que concederle la licencia.
El alcalde se refirió también a la cuestión del tráfico y del informe que el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat para que la administración autonómica se pronuncie sobre si una instalación de este tipo generará problemas a la circulación por encontrarse en una travesía muy transitada y, sobre todo, en la salida del municipio. Perfecto Aguado, que acusó al alcalde y su gobierno de paralizar el trámite de la licencia, indicaba que se trataba de un trámite «absurdo» porque, según dijo, al encontrarse en una vía que cruza el casco urbano, el ayuntamiento tiene las competencias transferidas pese a que la titular de la misma es la Generalitat.
Jordi Juan, sin embargo, negaba ayer esta cuestión. Es más, apuntaba que «según el jefe del servicio de carreteras de la Generalitat, si hubiéramos concedido la licencia sin remitirles el expediente para que emitan el informe, no tendría validez».
Juan también quiso responder al empresario, que, a través de las páginas de este periódico dijo que cuando se reunió con Perfecto Benavent en la pasada legislatura, en la que ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo, este le había dado el visto bueno al emplazamiento, para lo cual se ampara en un certificado de usos del suelo. A este respecto, el primer edil aclaró que este documento «no es un visto bueno del ayuntamiento, es un acto administrativo que dice que el suelo donde se quiere ubicar es apto para esa actividad según el Plan General de Ordenación Urbana.
